Ciudad de Panamá.- El cierre de los actos protocolares por los 201 años de independencia de Panamá de España y la suspensión de procesos judiciales por blanqueo de capitales centraron la semana que concluye hoy en el istmo.
Correspondió al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, encabezar en el distrito de Boquete (Chiriquí) las veladas conmemorativas con las cuales concluyeron las actividades en homenaje a la efeméride nacional.
En sus discursos, Carrizo aseveró que a cada generación corresponde un reto particular y en esta ocasión ha sido la pandemia de Covid-19 y la creación de un novedoso modelo económico.
También visitó la Estación No 7 del Cuerpo Benemérito de Bomberos que cumplió 135 años de fundado.
Además asistió a los desfiles de más de 60 bandas escolares y agrupaciones cívicas en el distrito capitalino San Miguelito para despedir las fiestas patrias.
En los últimos siete días también la jueza Baloisa Marquínez decidió acogerse al término de ley y esperar otros 30 días para decidir si llama a juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.
Este proceso fue postergado por la propia Marquínez en octubre último, luego de que la defensa interpusiera un recurso de nulidad que favoreció al multimillonario exgobernante y actual líder del partido Realizando Metas, con aspiraciones para 2024 de llegar al Palacio de las Garzas(sede del Ejecutivo).
La audiencia es vista por expertos como otra prueba de fuego para el cuestionado sistema judicial panameño.
El abogado Carlos Herrera indicó al respecto que el exmandatario ha utilizado todo tipo de subterfugios, aunque ahora está obligado a rendir cuentas ante la justicia.
Además manifestó que el caso New Business por la compra del grupo Editora Panamá América S.A es grave porque se utilizaron recursos de actos de corrupción para adquirir medios de comunicación, por lo que cree que el delito cometido no puede quedar en la impunidad.
En el caso New Business la investigación consta de 164 tomos y comenzó en marzo de 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
En esta semana que concluye el Gobierno también aprobó elevar a partir de 12 años de prisión la pena base o mínima por homicidio simple.
Según el comunicado del Consejo de Gabinete, el ministro de la Presidencia, Roger Tejada, deberá presentar este proyecto a la Asamblea Nacional (parlamento) que inicia sesiones en enero´próximo.
El proyecto de ley también incluye como un agravante, cuando se ejecute este delito contra un agente de seguridad privada que se encuentre en cumplimiento de sus labores y la pena podría oscilar de 20 a 30 años.
