Las Tunas.- La provincia de Las Tunas es una de las que más tierras ociosas posee -46 mil 140,30 hectáreas (ha) hasta inicios de noviembre- y, paradójicamente, se solicita bastante, según Susana Pérez Herrera, jefa del Departamento de Control de la Tierra y Tractores, en la Delegación del Ministerio de la Agricultura (Minag).
Para confirmar esas palabras, la especialista añadió que en Cuba está vigente el Decreto Ley 358, del año 2018, aunque antes hubo otras legislaciones, y agregó que por la Resolución actual se han beneficiado tres mil 685 tuneros, con una superficie total de 45 mil 300,28 ha.
Entonces surgen las interrogantes de por qué el territorio reporta tan altas cifras y qué factores provocan que los números fluctúen constantemente. La respuesta está en que desde hace dos años se realiza un trabajo exhaustivo con las empresas para declararles su fondo ocioso.
"Todavía estamos insatisfechos porque sabemos que existe mucha más tierra ociosa que la que nosotros hemos podido declarar a las entidades, sobre todo por un asunto económico, pues esto también conlleva el pago de un impuesto a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
"El Registro de la tierra tiene la misión de inspeccionar y declarar los espacios que poseen las personas naturales o jurídicas, según vaya cambiando su estado. La entregamos y si vuelven a caer en ociosidad, se repite el proceso. En ese caso aumenta el fondo y cuando hacemos aprobaciones, disminuye. Por eso es que sube y baja constantemente".
A nivel provincial se trabaja casi en tiempo real y no se reportan atrasos. Otra situación ocurre en los municipios, por diferentes razones, como una verificación fiscal que ralentizó las radicaciones de los procesos. Pero, desde hace mucho, las respuestas se ajustan al tiempo programado.
"Tenemos 144 días desde que una persona hace la solicitud de determinada superficie. La tierra no se radica en ese momento porque la norma dice que hay que ubicarla geográficamente y conciliar con la empresa la disponibilidad. A veces no está en el fondo o ya se encuentra en otro trámite.
"El interesado entrega un documento con la solicitud de tierras para dedicarlas a tal línea y la base productiva con la que desea vincularse. Lo demás lo hacemos nosotros; o sea, la certificación de suelos para ver su categoría agroproductiva y la tasación de bienhechurías.
"El suelo no se cobra porque el usufructo es el uso y disfrute gratuito de un bien por un tiempo acordado. Pero, en ocasiones existen plantaciones, árboles frutales, viviendas, pozos o instalaciones de entidades estatales. Se tasan y la empresa decide si se le cobrarán al usufructuario o si se darán en arrendamiento".
En el territorio, la mayoría de las peticiones corresponden a la crianza de ganado mayor y la siembra de cultivos varios. Y las líneas que menos se demandan son para arroz y caña. A veces los beneficiados dedican la tierra a lo que les resulta más ventajoso y ahí cobran más valor las inspecciones y las relaciones contractuales.
"Lamentablemente, esa es una de las cuestiones que laceran hoy la función estatal de ejercer el control de la tierra. Cada municipio tiene una plantilla de tres inspectores y solo está cubierta en dos. Para el promedio de tres mil a cuatro mil tenentes en propiedad y en usufructo, es imposible cumplir.
"También se detecta el mal uso de la tierra a través del contrato con la base productiva. Si a ese convenio se le diera seguimiento y el valor jurídico que tiene, eliminaría la posibilidad que tiene el usufructuario de vulnerar el objeto fundamental por el que se le hizo la entrega".
El año 2024 está muy cerca y, para el próximo calendario, se prevé impulsar la conducción de los procesos desde las empresas, las que tienen diseñados sus programas de desarrollo, y priorizar varias tareas que redunden en la productividad de la mayoría de las áreas.
"Entre esas prioridades está el establecimiento de superficies de uso colectivo en las bases productivas, el desarrollo porcino y la ampliación de los espacios a los ganaderos con 10 o más vacas. En este último caso decide la cercanía, pues debemos evitar la trashumancia de animales por carreteras para evitar accidentes.
"También pretendemos perfeccionar los registros municipales, elevar los principios y valores éticos en los inspectores, y captar a egresados de la Licenciatura en Derecho para especializarlos en el Derecho Agrario, el cual es muy específico porque comprende muchas normas y políticas".
Este año en Las Tunas se han entregado unas mil 362 hectáreas a organismos interesados en producir alimentos para sus trabajadores. Si a eso se añade un mejor aprovechamiento de los usufructos vigentes, el resultado se traduciría en más producción de alimentos, lo que se necesita.
