Las Tunas.- Todavía está tibio, por así decirlo, acabado de salir del "horno" de la comisión redactora el anteproyecto de Ley de Comunicación Social, cuya versión 32 ha sido puesta a consideración de la ciudadanía y que miramos con atención quienes de un modo u otro tomamos parte profesionalmente en este aspecto.

El texto, palabras más o palabras menos, está en la "hornilla" correcta de la cocción de lo que necesita nuestro país, también en lo que a comunicación se refiere. Proceso que, no es ocioso insistir, transversaliza a toda la sociedad y ha adquirido una relevancia crítica tras la aparición de plataformas digitales de difusión e intercambio de contenidos culturales, informativos, formadores de la opinión y constructores de la percepción de la realidad.

¿Qué características tiene este "plato" que se nos presenta ahora? Lo primero es que estamos ante un documento inédito en la historia de la legislación cubana después de 1959. Incluso, marca un hito en la jurisprudencia nacional de todos los tiempos. Hasta el momento, el "arte culinario" de la legislación antillana en lo referente a la comunicación se había limitado al marco estrechísimo del ejercicio de la prensa que, visto el caso, es apenas la guinda de este "ajiaco" complejo que es la comunicación social.

Tenemos en frente una lista de "ingredientes" de nueva factura que reflejan cuánto hemos avanzado en la compresión de esto que, entre otras cosas, hemos comprendido que es un proceso. Así, el anteproyecto no solo hace lo evidentemente primigenio que era establecer conceptos que son el plato fuerte de la cuestión como lo serían: comunicación social, procesos comunicacionales o medios de comunicación social; sino también definiendo otros no menos claves que constituyen la "guarnición" como lo serían Sistema de Comunicación Social, información de interés público, contenido del proceso de comunicación o publicidad. Tampoco se olvidó de los "condimentos" necesarios como comunicación de crisis, medios fundamentales de comunicación social o la comunicación social en el ámbito comunitario.

Además, le pone nombre y apellidos al "máster chef" del asunto: el Instituto de Información y Comunicación Social, que no lo hará todo, desde luego; sino que será el encargado, como organismo de la Administración Central del Estado, de articular la gestión del Sistema de Comunicación Social en el país.

Es sumamente alentador que veamos una Ley que entiende a la comunicación social más allá del ángulo estrecho de la relación entre medios masivos y públicos; pues intenta establecer las pautas del proceso en otros escenarios y contextos. El mismo encomio va para el hecho de pautar, como uno de los principios para su ocurrencia en Cuba, el respeto a la diversidad, a la no discriminación, a la privacidad y los datos personales.

Se trata de una propuesta legislativa que incluye otros derechos como los de la reclamación ante la negativa injustificada por parte de los sujetos obligados, ante cualquier solicitud de información de interés público. Similar gesto aprobatorio merece su intento por abandonar la anterior visión de medios como de difusión masiva, aunque quizás en su conceptualización concreta, considero, no lo logre del todo.

Loable es, asimismo, que el derecho a la información oportuna y veraz esté en la zona de los productos y servicios, en consonancia con lo legislado en materia de protección al consumidor. En la sección económica aporta varias novedades que refrendan lo aprobado en la Política de Comunicación. Enfáticamente, en lo tendiente a la oportunidad de que los medios públicos cubanos tengan fuentes de financiamiento mixto, y la posibilidad de asumir "diferentes esquemas de gestión y financiamiento" y de "la contratación de los servicios de los actores económicos reconocidos legalmente en el país".

Es digno de anotar positivamente el que haya elevado al rango que merece la investigación, desarrollo e innovación en la comunicación social, especialmente porque instaura que los resultados investigativos deben integrarse a otros procesos científicos y de establecimiento de políticas públicas y estrategias de Gobierno.

SIN PEDIR PERAS AL OLMO

A la hora de lanzar calificativos peyorativos a este anteproyecto de Ley no es ocioso tener en cuenta que si alguien esperaba otra cosa en lo referente a la propiedad de los medios estaban sencillamente mirando al país equivocado. En Cuba defendemos el criterio de que para que los medios masivos de comunicación social sean verdaderos garantes de los principios morales y políticos de la nación, de los derechos de las mayorías y las minorías, tienen que ser de propiedad pública.

Ese es el "combustible" puro y duro de este proceso aquí y no llega por imposición sino legitimado por su presencia en la Constitución de la República, aprobada por la amplia mayoría de la ciudadanía.

Tal cual ocurre a la hora de darle forma a nuestro alimento sobre el fogón, este anteproyecto es un documento que marca reglas, guías; que señala obligaciones clarísimas, tanto para los medios de comunicación como para las instituciones. Muchas de las cuales responden a reclamos históricos del gremio periodístico como lo es la respuesta con inmediatez a las réplicas y reclamaciones; o el acceso a la información pública.

Es menester considerar que al legislar en este sentido llegan con igual fuerza para los medios y sus profesionales. Es, recordémoslo, un camino en dos sentidos que no debería conducir a la autocensura, sino que tal cual pasa entre las dos líneas de cal de un terreno de béisbol, las reglas son parejas para todos.

Implicará, sí, varios retos y no pocas consecuencias; mas está en el sitio adecuado de la "cocina" legislativa. Obviamente, no evitará que los burócratas se enfurezcan ante denuncias bien fundamentadas; pero los obligará a quedarse en eso: en el enojo.

Señalamientos aparte, que con toda seguridad los habrá, opino que se trata de que ahora debemos construir entre todos esta fórmula que no tendrá todas las respuestas a la comunicación social que necesitamos, dejando varios puntos calientes para su reglamentación posterior. Pero, sin dudas, es una receta lo suficientemente buena para tomarla en serio y mejorarla entre todos: Cuba, su Revolución y su gente, se lo merecen.