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Estos cambios en la estructura del Estado, que se materializan acorde con los plazos establecidos, hablan de una dirección ordenada y orgánica del país.

Llevar a vías de hecho el contenido de nuestra Constitución no depende solo de un intenso ejercicio legislativo, sino del respaldo de todo el pueblo a cada una de las metas que nos proponemos como nación

Las Tunas.- Cuba vive momentos trascendentales. Cualquier otro término no alcanzaría para expresar la dimensión necesaria, para referirnos a los procesos que en el orden político, económico y social impulsa la Isla con un fin legítimo y supremo: la sostenibilidad, prosperidad y pervivencia del único sistema capaz de permitir al ser humano su pleno desarrollo y realización personal, en condiciones de respeto y dignidad.

Nos hemos trazado metas como nación que se traducen en la voluntad colectiva de generar, mediante conceptos de participación, democracia, integración e ideas creativas y consensuadas; los cambios y transformaciones imprescindibles para garantizar ese fin supremo ya descrito.

La aprobación e implementación paulatina de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la aprobación del Plan de Desarrollo hasta el 2030 y de la Conceptualización de nuestro modelo, devinieron antesala de las altas metas que nos proponíamos.

Cuando el 24 de febrero del 2019 fue respaldada en referendo la nueva Constitución de la República, asistimos a la expresión suprema de los acertados rumbos que seguiría el país y del papel del pueblo en cada uno de ellos.

Sin embargo, la Carta Magna, salida del intenso trabajo de una comisión creada al efecto, de la consulta popular y de los análisis en el seno del Parlamento, dejaba también para los cubanos una segunda lectura: ella era solo el punto de partida, a su aprobación seguiría un intenso ejercicio legislativo que no es privativo de diputadas y diputados, implica también la elevación de la cultura jurídica del pueblo y la unidad de todos los factores de nuestra sociedad en torno a los pasos necesarios para llevarla a vías de hecho. Pasos como el concretado el pasdo 18 de enero.

                       EN REPRESENTACIÓN  DEL PUEBLO

A propuesta del Presidente de la República, dentro del plazo de tres meses posterior a su elección y como lo indican las disposiciones transitorias del texto constitucional, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular eligieron, en su carácter de representantes del pueblo, a los gobernadores y vicegobernadores provinciales, como figuras representativas de lo que ahora se denomina Gobierno Provincial del Poder Popular (GPPP) y que, en concordancia con los principios esenciales que rigen nuestro sistema social, "funciona en estrecha vinculación con el pueblo" (Artículo 170).

Vital resulta esta última frase, pues aunque a partir de ahora ese Gobierno no se ejercerá en composición asamblearia, como lo fue durante más de 40 años, sí conserva su carácter representativo del pueblo, tanto estructuralmente, como en el contenido de sus atribuciones.

Ese Gobierno Provincial del Poder Popular se compone del gobernador y de un Consejo Provincial al que se integran el vicegobernador y también los presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales, así como los intendentes, lo cual habla de voces locales activas dentro de esa estructura territorial y, por ende, de representatividad. Por otra parte, vale destacar que entre las atribuciones de ese consejo se mantiene el análisis periódico de la atención de las entidades a los planteamientos de los electores y las quejas y peticiones del pueblo.

Además, como recoge el Artículo 171 de nuestra Constitución, el Gobierno Provincial representa al Estado, trabaja en pos del desarrollo del territorio en todos los ámbitos y deviene coordinador entre las estructuras del Estado y los municipios, "para lo cual contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y de sus municipios".

He aquí otro término vital para comprender la pertinencia de estas nuevas figuras y las estructuras que dirigen: armonizar, porque como queda claro en el Artículo 173, el Gobierno Provincial, "en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, no puede asumir ni interferir en las que, por la Constitución y las leyes, se les confieren a los órganos municipales del Poder Popular".

Es un tránsito necesario que probará su pertinencia en la medida en que se logre la articulación de estrategias de trabajo, que en respuesta a las prioridades del país permitan el avance estable, coherente y balanceado de todas las provincias.

                CONCEPTO IMPRESCINDIBLE: AUTONOMÍA MUNICIPAL

Todo ello tributa a un concepto también recogido en la Carta Magna e imprescindible para el logro de nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazos: la autonomía municipal.

Para entender con más claridad su alcance a través de un ejemplo práctico, podemos ponernos en el contexto de otra prioridad indiscutible: la batalla económica. A diario escuchamos, en relación con este tema, valoraciones que ponderan los proyectos de desarrollo local, la necesidad de buscar soluciones endógenas a los problemas, de explotar las reservas y potencialidades que aún existen en el ámbito municipal, pero, ¿sería eso posible sin una gestión autónoma de las localidades, sin eso a lo que el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha llamado dirigir, más que dedicarse a cumplir tareas? Claro que no.

Es por eso que los cambios en las estructuras de Gobierno a nivel territorial favorecen esa autonomía, esa capacidad de gestión objetiva a partir de conocer a profundidad la realidad de ese entorno más estrecho y de poder gestionar, por ende, con más eficiencia los recursos. Claro, esa autonomía se refiere también a la elección o designación de las autoridades, así como a dictar acuerdos y disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades.

Lógicamente, entendámoslo desde la perspectiva de pensar al municipio en sus lazos con la provincia y el país, y en el aporte que, por tanto, le corresponde para tributar a los intereses y prioridades que hemos establecido como nación.

También son estas razones por las que el texto constitucional refrenda en su Artículo 185 el papel de las asambleas municipales del Poder Popular, como el órgano superior del poder del Estado en su demarcación, y que tengan, entre otras, según el Artículo 191, la facultad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, aprobar y controlar el plan de la economía y el presupuesto de la localidad, y designar y sustituir al intendente municipal a propuesta de su presidente.

             UNA NUEVA FIGURA CON UN PAPEL DETERMINANTE

Intendente municipal: una nueva figura cuyo papel es determinante para la dirección, el control y el avance de las actividades de carácter ejecutivo-administrativo de la localidad.

El intendente presidirá el Consejo de la Administración Municipal y dicha administración es la encargada, como define el Artículo 201 de la Carta Magna, de "satisfacer, entre otras, las necesidades de la economía, de salud, asistenciales, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende su jurisdicción, así como ejecutar las tareas relativas a la prevención y atención social".

Si hemos dicho con anterioridad que las asambleas municipales son el órgano superior del poder del Estado en su demarcación, es lógico entonces que en la Ley 132 de Organización y Funcionamiento de esas estructuras y de los consejos populares se establezca, en su capítulo XIV, sección tercera, Artículo 128, que el Consejo de la Administración Municipal rinde cuenta a la Asamblea Municipal de su gestión y de aspectos específicos que le interese por medio de su intendente.

Precisamente es la designación de quienes ocuparán ese cargo, el paso que sigue en correspondencia con las disposiciones transitorias definidas en el texto constitucional. De manera directa, los delegados a las asambleas municipales los designarán, sobre la base de una propuesta de su presidente, y previo estudio y conocimiento de la biografía y trayectoria del compañero o compañera.

Estos cambios en la estructura del Estado, que se materializan acorde con los plazos establecidos, hablan de una dirección orgánica del país. En concordancia con la idea de establecer una conducción de los procesos con carácter más horizontal, se apuesta al entendimiento no solo de quienes ocupan cargos políticos o administrativos, sino del pueblo en general, de que necesitamos poner la creatividad, el intelecto y la responsabilidad de todos, en función del avance de nuestra sociedad.

Como pueblo, nos toca sentirnos partícipes y tener la convicción de que cada una de las personas que hoy asumen responsabilidades a diferentes instancias, responden, de manera incuestionable, a nuestro bienestar, a la sostenibilidad de los programas que dan a nuestra obra un carácter único y al impulso de iniciativas que reafirmen los cimientos sobre los que hemos construido el socialismo.

Recordemos que la de hoy es una Constitución más avanzada en todos los órdenes que a su contenido respectan, a la altura de los nuevos tiempos, pero requiere, por lo tanto, de una sociedad también más avanzada, fortalecida.

Nada mejor que el Artículo 1 de su texto para comprenderlo: "Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como República unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva".

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