Imprimir

saf4

Las Tunas.- Si para las personas vulnerables en la provincia de Las Tunas se aprobó en este año el presupuesto de 279 millones de pesos, de los que 53 millones están destinados a la entrega de recursos materiales, ¿por qué al concluir el mes de marzo solo se había ejecutado el siete por ciento de ese dinero, o lo que es lo mismo, solo 25 millones? ¿Cómo se explica que en los municipios de Majibacoa, Manatí, Colombia y Jobabo no se ejecutara hasta esa fecha presupuesto alguno en la entrega de recursos para estas personas?  

Según valoración presentada al Consejo Provincial de Gobierno las debilidades se concentran en la falta de profundidad en el diagnóstico de las problemáticas sociales a nivel de comunidad. Tampoco se evalúan las acciones desarrolladas y su impacto en lo concerniente a la eliminación, de manera paulatina, del carácter asistencialista de las políticas implementadas, lo que se acentúa en Manatí, Puerto Padre, Las Tunas, Jobabo y "Amancio".

De acuerdo con el análisis realizado es generalidad en la provincia que no se involucre a las personas, familias, grupos y comunidades como agentes activos en las labores de prevención y atención social. Tampoco se aprovechan todas las potencialidades con las que cuentan las propias comunidades como las entidades o actores económicos enclavados allí, que pueden constituir un fuerte apoyo a los consejos populares.

El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, ha dado indicaciones precisas para la actualización y atención a las personas desvinculadas del estudio y el trabajo, que en la provincia suman 19 mil 683 entre hombres y mujeres, quienes, además, no se interesan por sumarse a una ni a otra actividad.

En este sentido ha faltado sistematicidad en los análisis y acciones concretas desde la base, aun cuando en cada consejo popular se han creado grupos de prevención que en la práctica no accionan como debe ser. Y eso, por supuesto, no permite cumplir cabalmente con la política de prevenir y atender de manera oportuna e integral las problemáticas sociales.

Tampoco funcionan correctamente las comisiones constituidas en la provincia y los municipios para atender a las personas con discapacidad, un trabajo conjunto con la Asociación Nacional de Sordos, la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores y la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, para lo cual se necesitan estrategias de acuerdo con las posibilidades de cada lugar y así lograr una sociedad cada vez más justa e inclusiva. En este sentido los mayores problemas están en los municipios de Las Tunas, Jobabo y "Colombia".

No obstante a las deficiencias presentadas en el último Consejo, más de mil 230 jóvenes se han incorporado al trabajo, más de 790 núcleos se alejaron de la condición de vulnerabilidad con la entrega de valiosos recursos, y se han otorgado 48 plazas de círculos infantiles para madres trabajadoras, así como varios equipos electrodomésticos y ropas a quienes más lo necesitan, pero no es suficiente.

El Consejo de Gobierno ha adoptado como acuerdos que los intendentes de los municipios con una marcada inejecución del presupuesto para la asistencia social deben adoptar las acciones para revertir la situación. Igualmente deben incorporar al sistema de trabajo actividades que propicien el vínculo y la interacción con los coordinadores de la prevención social de cada consejo popular, para facilitar una atención más efectiva a las personas y problemáticas sociales. Todo ello volverá a revisarse a esa instancia en el mes de julio.

A pesar de que faltan tres meses para que se verifiquen los avances en el tema, la atención a las personas vulnerables no espera, por lo que dicho asunto debe estar en la mira constante de las administraciones municipales, teniendo en cuenta, además, que en el primer trimestre apenas se avanzó en una tarea de primer orden. Evidentemente, algo anduvo mal, y urge hacer todo lo posible por corregirlo.