Jorge Arreaza1873

A través de esta denuncia se solicita formalmente el inicio de una investigación sobre tales crímenes, ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington contra la nación sudamericana

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, interpuso este jueves en La Haya una remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de EE. UU. contra el pueblo venezolano.

A través de esta denuncia se solicita formalmente el inicio de una investigación sobre tales crímenes, ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington contra la nación sudamericana desde 2014.

«Venezuela es un Estado Parte del Estatuto de Roma y tenemos, no solo el derecho, sino también la obligación y la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo (…). Denunciamos esta modalidad de uso de la fuerza a través de la economía, esta modalidad de guerra que genera muerte y destrucción en Venezuela. En colectivo debemos detener la barbarie de la élite que gobierna en Estados Unidos», señaló Arreaza.

Entre los años 2015 y 2019 el Gobierno de EE. UU. había decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que afectan el normal funcionamiento de su economía y obstaculizan la prestación de servicios públicos del país, además de ser contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

A su vez, han generado violaciones graves y masivas a los derechos humanos de los ciudadanos, y han lesionado intencionalmente sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud, configurando un crimen de lesa humanidad de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La más reciente de estas medidas, dictada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 7 de febrero de 2020 contra la línea aérea nacional Conviasa, más allá de las operaciones comerciales, afecta políticas humanitarias del Gobierno Bolivariano como el Plan Vuelta a la Patria, dirigido al retorno de migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad en la región, y la Misión Milagro, destinada al traslado de pacientes para realizar las respectivas consultas, operaciones oftalmológicas y controles de su tratamiento.

En Cifras:

- Más de 350 medidas coercitivas unilaterales se han aplicado contra Venezuela entre los años 2015 y 2019 por el Gobierno de EE. UU.

- El terrorismo económico contra Venezuela, ha causado la disminución en más de nueve veces su ingreso, y se estima que entre los años 2015 y 2018 las pérdidas para la economía venezolana alcanzaron los 130 000 millones de dólares por el brutal bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense.

- Más de 150 sanciones de personas y entidades en Venezuela desde 2017 ha realizado el gobierno de EE.UU. a través de Órdenes Ejecutivas y la Ley Kingpin.

- Más de 300 000 personas se estiman en riesgo debido a la falta de acceso a los medicamentos o el tratamiento. Esto incluye un estimado 80 000 personas con VIH que no han tenido tratamiento antirretroviral desde 2017; 16 000 personas que necesitan diálisis; 16 000 personas con cáncer y cuatro millones con diabetes y la hipertensión (muchos de los cuales no pueden obtener insulina o medicina cardiovascular).

- 4 800 millones de dólares, propiedad del pueblo venezolano, están retenidos de forma arbitraria e ilegal por: el Banco de Inglaterra, Clearstream, Citibank, Novo Banco, Sumitoro Bank, UnionBank, BanqueEni, Delubac y Euroclear.

- Más de 35 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos califican las medidas coercitivas unilaterales como contrarias al Derecho Internacional.

Fuente: Intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas e Informe Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela, publicado en abril de 2019 por el Center for Economic and Policy Research

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