La Policía rompió el viernes por la noche la cerradura de la puerta de la casa de la presidenta peruana Dina Boluarte, durante un allanamiento para incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex dentro de una investigación preliminar fiscal por presunto enriquecimiento y omisión de declarar en agravio del Estado.

Durante la madrugada del sábado, los fiscales y policías que ejecutan la investigación dirigida por el fiscal general, Juan Villena, salieron de la casa de Boluarte y se dirigieron al palacio presidencial, donde entraron sin necesidad de utilizar la fuerza, para continuar con la redada ordenada por un juez de la Corte Suprema.

Es la primera vez en la historia de Perú que la Policía y la Fiscalía ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para antiguos funcionarios investigados por presunta corrupción. Los allanamientos al palacio presidencial sí habían ocurrido antes.

Las televisoras locales mostraron al filo de la medianoche a policías de la división de investigaciones de alta complejidad rompiendo el seguro de la puerta de la casa de la mandataria con una maza de metal, tras esperar en vano por varios minutos que alguien abriese.

Boluarte no se ha mostrado en público ni ha realizado declaraciones.

En una inusual entrevista durante la madrugada, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo a la radio RPP que Boluarte estaba en la residencia del palacio presidencial y añadió que lo ocurrido no era “grave”, que se estaba generando “una tormenta donde no la hay” y añadió que el trabajo de la fiscalía estaba causando “un ruido político que afecta a las inversiones”.

Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una “intencionalidad desestabilizadora” para golpear a la mandataria dirigida por los que “manejan el crimen organizado” y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte “en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota”, agregó.

El fiscal general, Juan Villena, dijo el martes que Boluarte mostraba “un claro indicador de rebeldía” en una respuesta escrita a su defensa, que buscaba postergar dos semanas la exhibición y declaraciones de la presidenta por su “recargada agenda”. The Associated Press obtuvo una copia de la respuesta del fiscal general.

La actitud de Boluarte contradice sus promesas de la semana pasada, cuando para evitar las preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad”. La mandataria está envuelta en una crisis política desde hace dos semanas por no explicar cómo llegaron a su muñeca derecha los Rolex que ha exhibido en actividades públicas.

Al inicio, dijo que al menos uno de los relojes era “de antaño”, “fruto” de su “esfuerzo” desde los 18 años, y pidió a la prensa “no entrar en temas personales”. Sus ministros indicaron que había temas más importantes e incluso Adrianzén abandonó una conferencia enfadado cuando los reporteros insistieron en si los relojes fueron comprados o eran regalos.

En el Parlamento, un grupo de legisladores comenzó a juntar firmas la semana pasada para pedir la destitución de Boluarte. La presidenta respondió afirmando “no temo a las vacancias”.

En su respuesta del martes, el fiscal general indicó que la conducta de Boluarte “no hace más que retardar el resultado de la investigación” y que, en su condición de alta funcionaria pública, “tiene la facultad de hacer uso de licencia por citación expresa judicial, militar o policial”.

Villena precisó que es indispensable que la presidenta, o quien ella designe, “exhiba a la brevedad los tres relojes marca Rolex materia de la presente investigación, a fin que no se generen efectos que puedan resultar irreversibles e impida contar con aquellos objetos sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, con lo cual pueda verse afectada la investigación”.

La investigación por el uso de los relojes de lujo empezó a mediados de marzo cuando el programa periodístico La Encerrona afirmó que revisó miles de fotos oficiales en una pesquisa sobre los relojes que usa la mandataria y destacó entre todos un Rolex que en Perú vale hasta 14 mil dólares. Luego, otros programas detectaron al menos dos Rolex más.

Boluarte, una abogada de 61 años, era una modesta funcionaria en una oficina de distrito del registro de identidad hasta su toma de posesión como vicepresidenta del país el 28 de julio del 2021, con el entonces presidente Pedro Castillo. Se convirtió en su ministra de Inclusión Social con un sueldo de ocho mil 136 dólares mensuales.

Cuando el Parlamento destituyó a Castillo el 7 de diciembre del 2022, Boluarte asumió la presidencia con un sueldo menor, cuatro mil 200 dólares. Poco después comenzó a exhibir los relojes de lujo. Todos los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar posibles casos de enriquecimiento ilícito, y las declaraciones de bienes de Boluarte no consignan ningún Rolex.

Varios de los presidentes que rigieron el país las dos últimas décadas están salpicados por casos de corrupción: Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022) están en prisión provisional mientras son investigados; Ollanta Humala (2011-2016) enfrenta un juicio en el que la Fiscalía pide 20 años de cárcel por lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no puede salir del país tras haber cumplido arresto domiciliario y su sucesor, Martín Vizcarra (2018-2020), cuya vivienda fue registrada recientemente de madrugada, también está investigado por presunta corrupción.

El caso más trágico fue el de Alan García (2006-2011), quien se suicidó en su dormitorio disparándose en la cabeza en el 2019, minutos antes de que la Policía lo detuviese de forma preliminar por 10 días. El allanamiento en la casa del exmandatario ocurrió el viernes 17 de abril, durante la Semana Santa.

No es el único caso pendiente con la justicia de la presidenta, cuya popularidad en febrero era de apenas un ocho por ciento, según la firma Ipsos Perú. La Fiscalía la denunció en noviembre ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los 49 fallecidos en los choques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas que exigían su renuncia.