Brasilia.- La Fiscalía de Brasil pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) apartar hoy temporalmente al presidente Jair Bolsonaro de funciones relacionadas con los ministerios de Salud, Economía y Casa Civil, ante explícita incompetencia.

La solicitud presentada al fiscal general adjunto de la Fiscalía, Lucas Furtado, también requiere que el TCU reconozca la legitimidad, competencia administrativa y autoridad del vicepresidente, Hamilton Mourão, para nombrar a las autoridades responsables de las carteras.

No hay plazo para que el tribunal analice la solicitud del Ministerio Público Federal para destituir a Bolsonaro.

"En casos como este, se designa un ponente, que puede tomar una decisión en solitario o someter la petición al pleno", indica el informe.

El documento remitido al TCU pide que se determine de forma cautelar la remoción del mandatario ultraderechista de estos ministerios.

De igual forma de otros ministros "eventualmente identificados como responsables por la inercia y omisión en la ejecución de las políticas de Salud Pública en el combate contra la pandemia de Covid-19", que cobró hasta la fecha 290 mil 314 muertes y 11 millones 871 mil 390 infectados.

Según Furtado, '"no se discute que toda la estructura federal de atención a la salud, con recursos financieros, patrimoniales y humanos, habrá representado un daño incuestionable al erario si no cumplen su función de atender a la población en el momento de mayor y más flagrante necesidad".

También, precisó, resulta '"inaceptable que toda esta estructura permanezca, por disputas y caprichos políticos, inerte ante el sufrimiento de la población como consecuencia de factores previsibles y evitables".

Al portal de noticias G1, el fiscal adjunto explicó que basó su petición en el artículo 44 de la Ley Orgánica del TCU.

La legislación establece que "al inicio o en el transcurso de cualquier investigación, el tribunal, de oficio o a petición del Ministerio Público, determinará, como medida cautelar, el cese temporal del responsable".

Puede proceder así, agrega el texto, "si existen indicios suficientes de que, al seguir ejerciendo sus funciones, puede retrasar o entorpecer la fiscalización o la inspección, causar nuevos perjuicios al erario o imposibilitar su recuperación".

Para Furtado, la medida es jurídicamente adecuada y "corresponde a los deseos de la población". Citó que la encuesta de Datafolha divulgada esta semana muestra que un 48 por ciento de los brasileños desaprueba el trabajo de Bolsonaro en la pandemia y el 54 considera la actuación del gobierno como mala o pésima.

El exmilitar tiene una evidente falta de preparación en el tema de la salud e "interfiere abiertamente en el sector para dictar lo que puede y debe o no debe hacerse", recalcó.