La Habana.- El Ministerio de Finanzas y Precios manifestó su insatisfacción de la efectividad de las medidas indicadas por el Gobierno para detener el proceso inflacionario que sufre la economía cubana. Así lo expresó su titular Vladimir Regueiro Ale, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Regueiro Ale recordó que aún impactan la producción y los servicios en la Mayor de las Antillas, el asedio económico estadounidense, los efectos acumulativos de la inflación de los mercados globales y más directamente el déficit fiscal doméstico. No obstante, señaló, los pasos indicados aún no tienen los resultados esperados.  

NO SE DETIENE LA INFLACIÓN

El índice de precios al consumidor en Cuba, informó, registró al cierre del 2022 un crecimiento del 39 por ciento, pero en comparación con los seis primeros meses del 2022 su elevación trepa hasta el 45 por ciento. Frente a eso, dijo, las autoridades cubanas lanzaron desde este propio año una estrategia que preveía robustecer las atribuciones de los gobiernos locales para regular las cotizaciones de una determinada nomenclatura de productos; lo cual, aclaró, no es topar precios, sino no acordarlos de conjunto con los productores.

El plan, recordó Regueiro Ale, incluyó “propiciar la vinculación directa del sector presupuestado con los operantes, productores o prestadores de servicio; así como la aprobación por las autoridades locales de bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios; y el control y exigencia a las entidades comercializadoras estatales sobre el ajuste de sus márgenes comerciales. También la “intensificación de las acciones de comunicación sobre los precios concertados y los resultados de los controles de precios realizados”.

Sin embargo, el titular de Finanzas y Precios, aunque aclaró que es reciente la aplicación del Sistema de Trabajo indicado, estimó que ha habido poca consolidación y sistematicidad en su funcionamiento. Señaló que la concertación se centra en los productos agropecuarios desatendiendo otros igualmente básicos que prestan actores económicos no estatales. Alertó sobre la “falta de objetividad en la concertación de precios agropecuarios y de otros productos”. Esencialmente porque hay una “insuficiente contratación del acopio de las producciones en los municipios que en la generalidad de los casos no abarca el potencial productivo; ni integra a todas las formas productivas”.

En su informe, fruto de los análisis y revisiones hechas en las diferentes provincias, Regueiro Ale criticó que “se acuerdan precios de productos agropecuarios que no tienen real presencia en la red de comercialización de mercados y punto de ventas. No siempre, acotó, “se implica a los productores, comercializadores ni se reconocen los costos y gastos en los que se incurre, sino que se constituyen topes de precios que comprometen a la producción y el acopio”.

El titular de Finanzas y Precios reprochó la falta de responsabilidad del sector presupuestado en lograr un vínculo directo con los proveedores. También, expresó, hay una ausencia de sistematicidad en el enfrentamiento a las violaciones de precios concertados y abusivos. De hecho, todavía la cantidad de violaciones detectadas distan mucho de las que en realidad se cometen. No ayuda tampoco, comentó, la escasa divulgación de los precios que se concertan y de las acciones de enfrentamiento, así como la carencia de coherencia en la asimilación del concepto cuando estos son abusivos o especulativos.

                                                                                                                                         ACCIONES FUTURAS

En su exposición ante los diputados, el Ministro de Financias y Precios reseñó que este año la cartera que dirige emitió Resolución 148 que establece la metodología para el establecimiento de fichas de costos y gastos. Dicha normativa, afirmó, “de manera novedosa actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación con criterios inclusivos para todos los actores económicos; establece para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital cubano las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades que deben ser entre un 15 y un 30 por ciento; y regula los eficientes máximos de gastos indirectos para las actividades de producción y de servicios”.

No es, significó, una metodología para formar el precio, sino para ser transparente en el proceso e incluir todos los indicadores o factores que influyen en el mismo, sin ignorar los procedimientos tradicionales.

Regueiro enfatizó en que las mayores insatisfacciones de la ciudadanía en la formación de precios se originan en las operaciones de importación y posterior comercialización directa de productos de procedencia foránea. Es necesario, anticipó, una regulación de esos procesos, teniendo en cuenta los gastos lógicos y un nivel racional de utilidades a tono con las diferencias territoriales. “Esa es una regulación que presentaremos al Gobierno sobre la base de un estudio objetivo, que incluirá las normas aduanales y los gastos en los que incurren estos importadores-comercializadores para colocar esas mercancías en los distintos lugares del país”.