Las Tunas.- El alza del delito movilizó a las autoridades, la sociedad civil y otros actores comunitarios de esta provincia del oriente cubano en una estrategia multisectorial a fin de poner freno al incremento, especialmente de las fechorías contra el patrimonio público y privado, visto en el último año y medio.

Según cifras oficiales, en el 2022 la cantidad de delitos registrados en suelo tunero creció un 36 por ciento con respecto al año previo; y en la primera mitad del 2023 el aumento fue de 44 puntos porcentuales frente a similar lapso del calendario anterior. La amplia mayoría de esos sucesos (el 88 por ciento) tipificaron como los hurtos o robos con fuerza.

Otros datos dados a conocer revelaron que los hechos contra el ganado sobresalieron dentro de la incidencia delictiva, al crecer entre el 65 y 71 por ciento en los seis primeros meses del actual año; son, además, casi la mitad de todos los daños a la propiedad contabilizados aquí, aunque seguidos muy de cerca por los robos en las bodegas. Tanto unos como otros resultan particularmente sensibles para la ciudadanía, los primeros por tratarse de animales de alto valor para los criadores y la economía; y los segundos porque esos inmuebles son depositarios de los productos distribuidos dentro de la canasta básica familiar normada.

De acuerdo con las precisiones desde el Gobierno Provincial, en semanas recientes se crearon grupos de trabajo multisectoriales para el chequeo sorpresivo a las diferentes instituciones estatales a fin de reactivar sus engranajes de vigilancia. Participan en esas revisiones representantes del Cuerpo de Inspección gubernamental, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), así como de otras entidades adscritas a los ministerios de Transporte, Salud, Comercio y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu). Asimismo, toman parte las organizaciones políticas, de masas y sociales como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En más del 90 por ciento de las entidades visitadas, dijo el Gobierno, no existía un sistema de chequeo por parte de sus direcciones administrativas para garantizar la seguridad de los bienes y materiales almacenados en los diferentes locales, lo cual facilita la acción de los delincuentes.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR

Por su parte, la PNR explicó que entre sus pasos dados figuran medidas preventivas y de neutralización del potencial delictivo en las comunidades. También, el incremento de la presencia de sus efectivos en las áreas identificadas como de mayor incidencia delictiva, más el seguimiento a ciudadanos anteriormente sancionados, pero que se encuentran en libertad, estableciendo un orden de prioridad de acuerdo con las características de cada caso a fin de evitar su eventual reincidencia.

Los órganos de la seguridad pública, igualmente, y siempre en estrecha colaboración con los actores comunitarios, en particular con los propietarios de ganado, han puesto manos a la obra a fin de revitalizar los grupos de vigilancia campesina. Adicionalmente, se ha arreciado el control sobre la masa ganadera y los propietarios negligentes en su custodia. Asimismo, hermanados con las estructuras políticas y de las organizaciones de masas en barrios y comunidades rurales, enfatizan en la necesidad de ampliar el involucramiento popular en la vigilancia cotidiana que, recalcó la PNR, es el principal antídoto contra el delito.

Otro punto que está siendo objeto de su énfasis es el seguimiento a los menores de edad comisores de hechos constitutivos de delitos, así como a los progenitores, cuya violación de sus obligaciones inherentes a su responsabilidad parental facilitan que aquellos incurran en contravenciones. Se suman acciones profilácticas que están teniendo lugar, detalló la Policía, en los alrededores y dentro de los centros educacionales de la Enseñanza Media y Media Superior. Por último, abundó, se amplió la custodia de las unidades comerciales, enfáticamente, de las bodegas.