Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, afirmó en conferencia de prensa en esta capital que el documento establece el alcance de la industria de aplicaciones y servicios informáticos, para lo cual promueve a la empresa estatal socialista como actor principal del sector, complementándose con la participación de las formas de gestión no estatal.
En tal sentido, facilita y regula la organización, funcionamiento y expedición de licencias para personas jurídicas como proveedores de servicios públicos de alojamiento y de hospedaje en el entorno digital.
Además, se definen las reglas básicas para la producción de aplicaciones informáticas.
De acuerdo con el funcionario, estas normativas promoverán el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por personas jurídicas y naturales, para integrar y conducir los procesos asociados a la informatización de la sociedad.
Se establece para las personas jurídicas la utilización prioritaria de aplicaciones informáticas de código abierto y de producción nacional. Al mismo tiempo se dispone la migración hacia estas plataformas en los Organismos de la Administración del Estado.
Impulsa, además, el desarrollo de parques científico-tecnológicos como parte integrante de la industria, para aprovechar la infraestructura y el capital humano existente en Cuba, así como vincular la investigación y los procesos de innovación de las universidades con los productores de aplicaciones informáticas, los centros de investigación y los Gobiernos locales.
López Rodríguez dijo que el texto resalta la importancia de las TIC, estableciendo un decreto y una resolución para ello, y se regulan los principios básicos de seguridad de estas tecnologías, a la vez que se establece el Programa para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad.
Por vez primera se regula la validez de la firma digital para las personas jurídicas, con la utilización de certificados digitales de la infraestructura nacional de Llave Pública. Esta es la primera vez que Cuba emite normas jurídicas de rango superior que ordenan el proceso de la informatización de la sociedad.
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