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La Habana.- La Dirección Nacional de Defensoría fue instituida hoy en acto celebrado en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus), al cual asistió Teresa Amarrellé Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Acompañaron también el momento fundacional José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Rosabel Gamón Verde, viceministra primera del Minjus, y otros representantes de la entidad, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la Organización de Bufetes Colectivos.

Sobre las atribuciones de la nueva Dirección, la secretaria general de la FMC la definió como la materialización concreta de la manera en la que Cuba asume la máxima constitucional del Estado Socialista de Derecho y Justicia Social.

Amarrellé Boué valoró que el suceso constituye un ejemplo palpable de la voluntad política del gobierno de la Mayor de las Antillas por fortalecer las estructuras y mecanismos responsables de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, además de dar respuesta a una serie de desigualdades y condiciones de vulnerabilidad sin cabida en el proyecto cubano.

El joven jurista Alejandro Redondo Ramos, promovido al frente del organismo, detalló que este viene a concentrar en una figura los roles desempeñados en el pasado por otras instituciones encargadas de la impartición de justicia como la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular, entre otros.

Precisó que la Defensoría se empleará como recurso legal con especial énfasis en la protección de la infancia, de las personas de la tercera edad o en situaciones de vulnerabilidad, a víctimas de las distintas manifestaciones de violencia u otras circunstancias que pudieran derivar en tratos discriminatorios e incumplimiento de garantías.

En correspondencia a esos acometidos, insistió en el factor humanista que debe acompañar a quienes la desempeñan para encarnar los intereses y tutela de los defendidos en el entorno civil, familiar, laboral y mercantil, donde se pueden suscitar procesos en los cuales existan situaciones de vulnerabilidad y donde debe primar la sensibilidad.

Con ese criterio coincidió el doctor en Ciencias Jurídicas Leonardo Pérez Gallardo, profesor titular de Derecho civil y notarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que calificó el acontecimiento como un hecho trascendental, el cual sitúa a Cuba unos pasos más cerca del ideal de justicia para todos.

El especialista enfatizó en la necesidad de redactar nuevas normas que arropen a la Defensoría en su proceder, y de dotarla de una estrategia comunicativa a través de la cual dar a conocer sus particularidades entre la población destinataria de ese empeño.

Como servicio público, este será accesible a través de los departamentos correspondientes en las direcciones provinciales de Justicia, los cuales situarán profesionales en cada municipio del país, con el requisito indispensable de que estos sean juristas, acotó.

La novedosa figura surge en correspondencia a los estatutos derivados de la actualización de las leyes procesales, del Código de las Familias y el de Litigios.