Jueves, 16 Mayo 2019 07:26

Tribunal Provincial de Las Tunas contra el robo de combustible

Escrito por Esther De la Cruz Castillejo
Tribunal Provincial de Las Tunas contra el robo de combustible Internet.

Las Tunas.- Los trabajadores del Tribunal Provincial de Las Tunas están llamados a acrecentar la labor ante el desvío y sustracción del combustible en todas sus formas. Un dilema de marcada preocupación gubernamental, dadas las cuantiosas pérdidas económicas ocasionadas al país.

Así lo destacó a 26 Digital la licenciada Raquel Infante Tavernier, presidenta de tan relevante instancia en el territorio. Subrayó que los actos ilícitos generalmente están asociados al incumplimiento de las normativas vigentes para el almacenaje, uso, distribución y control del importante recurso. Destacó que el objetivo es una respuesta rigurosa, contextualizada y ágil a los responsables de esas conductas delictivas o a procesos relacionados con su enfrentamiento.

"Se le dará especial prioridad en su tramitación a los casos de mayor gravedad. Y los jueces, desde la radicación de los asuntos, deben prestar la debida atención a estos procesos, evitando dilaciones injustificadas, de tal modo que se logre la inmediatez en la respuesta judicial.

"En los procesos penales en que resulten acusadas y declaradas responsables personas que se dedican a esta actividad se tendrán en cuenta su modo de vida, el nivel de organización del acto delictivo y la afectación causada.

"Los tribunales adecuarán las sanciones que procedan con el debido rigor, en correspondencia con la gravedad de los actos cometidos por sus responsables, partiendo siempre de la necesaria individualización y proporcionalidad que debe caracterizar cada pena impuesta.

"Al juzgar y sancionar a los responsables de delitos relacionados con el robo de combustible u otros cometidos en ocasión o como consecuencia de este, los tribunales evaluarán siempre la posibilidad de imponer, junto a las sanciones principales, las accesorias consistentes en el comiso o confiscación de bienes tal y como facultan los artículos 33 y 34 del Código Penal, que consisten en desposeer a los sancionados de los bienes o efectos del delito, así como la afectación del patrimonio como consecuencia de estos ilícitos.

"Tal rigor se observará para la concesión de los beneficios de excarcelación anticipada y durante el control de la ejecución de estos beneficios, sanciones subsidiarias o sustitutivas de la privación de libertad y medidas de seguridad que no impliquen internamiento.

"Se incrementará la vigilancia y el seguimiento sobre el comportamiento de los sancionados bajo su control y la forma en que cumplen sus obligaciones de conducta, tanto en su lugar de residencia como en su centro de trabajo.

"El incumplimiento reiterado o grave de esas obligaciones, dará lugar a la revocación del beneficio y su internamiento en prisión por el tiempo que reste de la sanción originalmente impuesta.

"En los procesos de materia económica, sobre conflictos por incumplimiento de contratos por la existencia de faltantes, averías, demora y falta de calidad durante la entrega, transportación o manipulación del combustible, el tribunal procurará obtener la información necesaria para resolver el asunto y delimitar adecuadamente la responsabilidad, impidiendo que se encubra con la reclamación económica un hecho que pueda ser constitutivo de delito".

La directiva se refirió, además, a que estas violaciones alcanzan el desempeño laboral. Por lo que los tribunales serán rigurosos en Las Tunas para que no se dilate el cumplimento de las medidas en los centros de trabajo y que lleven toda la carga disciplinaria que exijan los casos más complejos.

Igualmente ponderó, en los sucesos de mayor connotación, la posibilidad de realizar juicios ejemplarizantes, con el carácter punitivo y reeducativo que llevan implícito.

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