Jobabo, Las Tunas.- Mientras no se comprenda que institucionalidad es que las vacas tienen que dormir en el potrero y los ladrones tras las rejas, en vez de estos sueltos y las vacas bajo la almohada de los campesinos, no se resolverá el problema del hurto de ganado. Y es que el sacrificio ilegal, que tiene disímiles variantes (conocidas y por conocer), depende en gran medida de la estabilidad proteica (carnes) en un entorno al alcance de la gente.
Si bien el robo se trata de un asunto multifactorial y multicausal, y que en muchas ocasiones se le presta poca importancia a la denuncia oportuna, la colaboración para identificar los raptores y probarles el hecho, unido a que la vigilancia es prácticamente nula en numerosas zonas y la mayoría de quienes “ven” se hacen de la vista gorda para no buscarse problemas (con los malhechores), más allá de todo eso, hay una realidad: que la vaca esté suelta en el potrero no es motivo para robarla y culpar al propietario de no cuidarla.
Este dilema de quién tiene la culpa -si el maleante o el labriego-, me recuerda la pregunta que me hizo hace poco un guajiro: “Me robaron la yunta de bueyes mientras almorzaba, ni almorzar uno puede porque el ladrón está velando la primera oportunidad; sin embargo, el culpable soy yo porque tenía que haber entrado los bueyes para el comedor para no darle chance al bandido. ¿Si salgo a la calle y me asaltan para robarme, la culpa es mía por salir a la calle?”.
Pareciera una incongruencia en lo legislativo, cosa de leyes, pero no, más bien se trata de un fenómeno social que ha salpicado demasiado la institucionalidad propinando golpes erróneos en la dirección opuesta. Los productores no son los culpables de que les roben, en todo caso constituyen las víctimas de un fenómeno psicosocial que hay que verlo desde muchas aristas, algunas incómodas como la sociopolítica y cultural, y desde el mal tratamiento legal que durante años se le ha dado al asunto.
Para nadie es un secreto que se roban las reses y los equinos, los cuiden o no, y que se convierten en carne para la venta por una causa: hay demanda de alimentos, y cuando algo escasea en el mercado formal, la opción directa es saltarse toda clase de formalismos regulatorios legislados. Si hubiese un expendio legal establecido, surtido sistemáticamente, pocos se arriesgaban a comprar carne de res de manera ilegal.
Aunque ello no constituye justificación para el robo, debemos incluir necesariamente esa visión para enfrentar el problema. Se unen las políticas actuales que rigen el control pecuario y las disposiciones que se implementan para combatir el delito contra la ganadería, mucho más rigurosas con los agricultores que con los cuatreros.
Hay algo muy claro: si bien existen irresponsables entre los tenedores de reses, no resulta lógico seguir culpando al afectado, ese guajiro que ya no halla dónde guardar su animalito, desvelado a media madrugada vigilando… y ante el primer pestañazo le dan el “golpetazo”...
No puede ser esa la ruta de debates de gente que, sin embarrarse de fango y sin saber a qué huelen las madrugadas de ordeño, siguen nombrando al descuido y la irresponsabilidad como las causas principales de una infracción que superó en el 2022 todos los precedentes. Obvian que el papel coercitivo tiene que ser, por ley, la voz dura de la institucionalidad, y que, casualmente, esas instituciones responsables de la legalidad se sacuden tirando más tierra al sacrificio del guajiro.
