Esa cifra representa el 34 por ciento de las 11 mil 197 que se acumulaban en los ocho municipios, pero pudo avanzarse más de haberse actuado a tiempo, significó a la Agencia Cubana de Noticias Iraldo Carralero, subdirector de Control Territorial del Instituto de Planificación Física en la provincia.
El organismo nuestro -amplió el directivo- cuando detecta una ilegalidad aplica una multa al infractor o infractora, y si vuelve a incurrir, se repite la sanción, pero luego es responsabilidad de la brigada de enfrentamiento tomar la decisión final.
Esa brigada no se dedica a esa labor exclusivamente, sino que se forma cuando se decide actuar para evitar que continúen las indisciplinas, por lo que Carralero considera que debe organizarse una exclusivamente para esta actividad a nivel provincial.
Enfrentar este problema, fundamentalmente cuando se trata de demoler una vivienda -hay cerca de mil inmuebles en barrios ilegales en el territorio-, es una tarea difícil, pues no todos los casos son iguales y detrás de ello hay niños que nada tienen que ver con esas violaciones.
Para evitar esta realidad es imprescindible adoptar las medidas a tiempo y no esperar a que las construcciones avancen, las viviendas se levantan en lugares visibles, que sin mayores problemas se pueden detectar, pero hay que enfrentarlo de inmediato.
En los 10 meses transcurridos en el 2018 se evidencia falta de celeridad, pues de las 334 ilegalidades previstas para eliminar en esta etapa quedan pendientes 164, además de detectarse este año otras 165.
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