Al cierre del mes de septiembre, varias empresas públicas, tanto de la rama productiva como de servicios aquí, no comunicaron a tiempo sus estados financieros a la Dirección Provincial de Finanzas ni a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). No se supo, por ejemplo, cómo andan sus ventas, ingresos o gastos. Tampoco es posible conocer si tuvieron ganancias o pérdidas; cuál es su fondo de salario, ni mucho menos cuánto gastaron por cada peso que ingresaron o cuál fue su productividad.
La ausencia de esos datos no resulta poca cosa, alertó Vladimir Amat Moro, director de la ONEI en Las Tunas. Explicó que se trata de información clave para estimar la salud de la economía del territorio, y por extensión del país, al cierre del presente año. Asimismo, significó que más allá de los casos concretos sacados a la luz ahora, constituye un dilema recurrente. De hecho, la oficina que dirige no recibió hasta el 21 de octubre, 51 formularios de corte económico-financiero que, en su mayoría, debieron enviar 10 entidades entre las que se destacan negativamente las empresas Labiofam, la de Servicios y el Grupo de Comercio.
En el propio encuentro se supo que durante todo este tiempo ninguna de las entidades aludidas dejó de pagar a sus trabajadores ni detuvo sus operaciones habituales; proceso para cuya realización requieren de datos económicos que luego no dieron a conocer a las instancias estatales pertinentes. ¿Entonces?
Frente a esta contradicción, Jaime Chiang Vega, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, desestimó el argumento de que la falta de personal especializado en el área económica sea la causa de la situación descrita. Anunció que se tomarán las medidas pertinentes para poner fin definitivamente a lo que calificó de una actitud no consecuente con las tensiones que vive la nación. Porque este, subrayó, "es un problema de disciplina".
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