Las Tunas.- Las autoridades del Gobierno de esta provincia denegaron el permiso a una manifestación anunciada por sus promotores para noviembre próximo y que movimientos sociales y activistas revolucionarios le habían señalado sus intenciones desestabilizadoras del orden social y político refrendado por la Constitución de la República.

El texto íntegro de la respuesta está disponible en los respectivos sitios oficiales del Gobierno Provincial de Las Tunas y de la Asamblea Municipal de Poder Popular en la cabecera territorial.

Este martes representativos de la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Municipal de Poder Popular en la capital de esta provincia del oriente cubano notificaron la decisión a los solicitantes, informaron a 26 Arcadis Estrada Rodríguez, coordinador de Programas y Objetivos del Consejo de la Administración Municipal de Las Tunas y Yoan Manuel Arzuaga Rodríguez, asesor jurídico del Gobierno en el territorio.

En su contestación, las autoridades locales hicieron notar que, si bien los solicitantes invocaron el Artículo 56 de la Constitución que le confiere a la ciudadanía el derecho a la manifestación, pasaron por alto que en el propio artículo se establece que el referido derecho debe ejercerse con "respeto al orden público y el acatamiento de las perceptivas establecidas por la Ley".

"Es la diferencia política entonces, es la propuesta y el proyecto de país lo que está sobre la mesa, es el futuro de Cuba, su Revolución y su apuesta socialista, frente a este cosplay checo de segunda mano. La manifestación propuesta para el 20 de noviembre no solo es, de facto, la 'Marcha del Partido Liberal', y, en cuanto tal, no puede ofrecerle al pueblo ni un programa positivo, sino que es, además, la avanzadilla de representantes de la agenda de Washington", opinó un blog revolucionario a propósito de la referida convocatoria aparecida en varias plataformas en redes sociales digitales.

Aunque la demostración, reprogramada para el 15 de noviembre, se autocatalogó como “cívica” y “pacífica”, rápidamente se supo que entre sus promotores están grupos y personas con claros nexos con agencias e instituciones del Gobierno de los Estados Unidos que promueven un cambio de régimen en Cuba, incluso, muchas de estas han organizado actos terroristas contra la Mayor de las Antillas como la Fundación Nacional Cubano Americana.

No es la primera vez que grupos o personas ligadas a la contrarrevolución interna intentan utilizar en su beneficio las oportunidades de participación ciudadana establecidas por la legalidad cubana. En el 2002 una proposición parecida lanzada desde el llamado Proyecto Valera motivó la respuesta popular en un referendo que por un amplio margen de aprobación, incluyó en la Constitución vigente entonces el carácter irrevocable del sistema socialista.

Dicha condición fue ratificada en el actual texto constitucional, proclamado en el 2019 con un amplio respaldo de la ciudadanía mediante una consulta popular.

Vea aquí el texto íntegro de la respuesta: