Las Tunas.- Aunque esta provincia del oriente cubano mostró avances en algunos indicadores económicos de la bancarización y disciplina fiscal al cierre del 2024, estos no han sido suficientes para mejorar la calidad de vida de la población. La inflación, la indisciplina informativa y los incumplimientos en producciones claves siguen siendo desafíos importantes que requieren atención inmediata y soluciones efectivas. Estas conclusiones se derivaron de la primera plenaria económica del año 2025, dirigida por las principales autoridades políticas y gubernamentales de este territorio.

Eduardo Walter Cueli, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, informó que las ventas del sector estatal tunero alcanzaron el 82,4 por ciento del plan, con un total de más de 12 mil millones de pesos. No obstante, se registró un incumplimiento de dos mil 600 millones, concentrado en 35 entidades, especialmente en las empresas agroindustriales azucareras, responsables de mil 800 millones de ese déficit.

A pesar de que crecieron en 670 millones de pesos respecto al año anterior, este incremento de las ventas se vio afectado por la inflación, lo que limitó su impacto real en la economía local.

Walter Cueli destacó que en el 2024 se dejaron de producir más de 50 mil toneladas de azúcar, lo que afectó directamente el consumo social y la Industria Alimentaria local, así como la cadena de suministro de derivados del azúcar.

En cuanto a las producciones físicas, se incumplieron 82 surtidos, cinco de los cuales son de encargo estatal, como la leche, la carne, las barras de acero corrugadas y otros productos esenciales. Aunque se logró una reducción de 38 surtidos incumplidos en comparación con períodos anteriores, estos avances no fueron suficientes para cumplir con los objetivos del plan económico, admitió.

Por otro lado, se registró un crecimiento en los ingresos presupuestarios y una disminución en los gastos, lo que redujo el déficit presupuestario en todos los municipios. Incluso, la cabecera territorial logró ingresar más de lo que gastó en el 2024, un hecho positivo que refleja uno de los propósitos gubernamentales.

En el ámbito de la bancarización y la digitalización de operaciones comerciales, las cifras oficiales muestran señales alentadoras, con un aumento en las transacciones bancarias y el uso de pasarelas digitales de pagos. Sin embargo, estos progresos no han satisfecho las expectativas de la población ni de los decisores.

Además, se llevaron a cabo acciones fiscales significativas, con cobros de deudas y la regularización de deudores. De manera que, en el último trimestre del 2024, la provincia avanzó igualmente en disciplina fiscal, realizando más de cuatro mil acciones de fiscalización en empresas de todos los sectores y formas de gestión. Hasta diciembre se habían cobrado 96,7 millones de pesos, cerca del 50 por ciento de la deuda total. Igualmente, se detectaron subdeclaraciones de impuestos en actores económicos no estatales, especialmente en aquellos que realizaron importaciones.

¿DIRIGIENDO A CIEGAS?

A pesar de estos avances, la situación se complica debido a la indisciplina informativa de varias entidades en la provincia, lo que pone en duda la confiabilidad de los datos económicos. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) alertó sobre el retroceso en el cumplimiento de lo legislado en torno a la emisión de datos económicos y contables. De los más de 700 centros que deben reportar periódicamente, 29 presentaron mayores problemas, especialmente en los sectores de Comercio, Agricultura y entre las unidades presupuestadas subordinadas a los gobiernos municipales.

La gobernadora, Yelenis Tornet Menéndez, calificó de grave esta situación, señalando que compromete la confiabilidad de las operaciones, incluyendo el pago a los trabajadores. Aunque reconoció dificultades como la falta de especialistas y equipos, insistió en que no hay justificaciones para no cumplir con las obligaciones de información.

Por su parte, el primer secretario del Partido en el territorio, Walter Simón Noris, subrayó que los ciudadanos solo sentirán los avances económicos cuando vean más productos y servicios a precios accesibles. Además, destacó la necesidad de revisar las relaciones contractuales entre el sector estatal y no estatal, las que, recordó, deben estar basadas en la equidad entre las partes y la protección de los intereses de la ciudadanía.