Las Tunas.- En el municipio de Puerto Padre, como en casi toda la provincia, la adquisición de productos agropecuarios a precios justos es un desafío que ronda lo imposible. Por más que el Consejo de la Administración Municipal se encargue de topar precios, la medida no se traduce en más alimentos en la mesa de los pobladores.

En el proceso de venta o reventa de viandas, frutas, hortalizas y demás median varios factores, pero sin lugar a dudas, el enfrentamiento a las ilegalidades ocupa un factor importante y aún no resuelto del todo.

La Dirección Municipal de Inspección en Puerto Padre tiene como prioridad la supervisión de los actores económicos que realizan el comercio de productos agrícolas, sobre todo su precio y calidad. Esta labor es fundamental para lograr la protección al consumidor.

En entrevista con la emisora local, las autoridades declararon que las alteraciones de precios son las violaciones que más están afectando al territorio. Los productos cumplen con la calidad requerida, pero no con los costos estipulados.

Ante las irregularidades detectadas se aplica el Decreto Ley 30 y se emiten multas desde ocho mil a 10 mil pesos. Por otra parte, el Decreto Ley 91, netamente creado para los trabajadores por cuenta propia, confiere multas que oscilan de 16 mil hasta 36 mil pesos. Otras de las medidas son la venta forzosa de la mercancía y el retiro de su proyecto de trabajo.

En la entidad, un problema puntual resulta la falta de personal. De una plantilla de 23 inspectores solo están cubiertas 10 plazas. Organizan su trabajo mediante el recorrido de cinco parejas que deben abarcar todo el municipio y les resulta difícil trabajar fuera de la ciudad porque no tienen transporte.

Al decir de varios entrevistados, aunque los inspectores detectan irregularidades relacionadas con alteraciones del precio y aplican las medidas correspondientes, los vendedores se esconden y sacan los productos por la tarde en carretones, luego del horario de trabajo.

Otra realidad que marca al municipio es que los cuentapropistas, sobre todo los que están al frente de las placitas, deciden no vender los productos topados por el Consejo de la Administración y solo comercializan aquello que sigue a merced de la oferta y demanda.

En medio de tantos atisbos de ilegalidad, urge que los cuerpos de inspección puedan cumplir con su encargo social y propiciar predios más seguros que se inclinen por la protección al consumidor.