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Las Tunas.- A partir del año 2019, cuando se aprueba la Constitución de la República de Cuba, comienza un nuevo orden jurídico interno sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad en el país.

Antes, en el 2006, se había aprobado en las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de este grupo social, una especie de parteaguas en el tema, que abrió las puertas a lo que muchos expertos consideran “un modelo social de derechos humanos”.

El camino, no exento de tropiezos y rigor, incluyó en Cuba reformas al derecho familiar, la inserción en el nuevo Código de las Familias y la necesidad actual de renovar el Código Civil para que incluya figuras como los apoyos (formas de asistencia, libremente elegidas por la persona en cuestión para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos…) y las salvaguardias (medidas para que quien sirve de apoyo no se extralimite en su actuar).

Sin embargo, nada es del todo transformador si no se conoce a fondo. Y, a juicio de Miriam Castillo Hernández, directora de Bufetes Colectivos en Las Tunas, “se necesita mucha más divulgación de lo que la población y las instituciones requieren dominar sobre este campo. Los expertos debemos tener la pericia de reconocer si estamos frente alguien en situación de discapacidad para atender sus necesidades y diligencias”.Miriam Castillo Hernández Bufetes Colectivos foto István

   ASUNTO DE “NOSOTROS”, NO DEL “OTRO”

Hablamos de un universo indudablemente complejo, que va mucho más allá de hacer una ranfla o establecer el espacio para acomodar una silla de ruedas. Porque, al decir del doctor en Ciencias Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Civil y de Familia de la Unión de Juristas de Cuba, “todos estos tópicos que hoy se discuten en el ámbito jurídico tienen un denominador común, y es la sensibilidad”.

Leonardo Perez Gallardo Las Tunas foto István 1Así lo explicó en su más reciente visita a Las Tunas y fue enfático en sus valoraciones. “Si los operadores del Derecho o cualquier otro funcionario, autoridad o ciudadano no logran sensibilizarse con el tema, no se podrá avanzar. Estas normas buscan la inclusión; por tanto, es la sociedad la que tiene que establecer medios y adaptarse a la diversidad funcional de las personas en situación de discapacidad”.

Para el versado, como para muchos otros estudiosos, el sector jurídico también debe apostar por dar mayor acceso al conocimiento social sobre estos elementos; hacerlo de manera que el contenido llegue fácil al ciudadano medio, porque es mucho más peliagudo abrirse paso en el entramado legal si no se conocen a fondo los derechos y las responsabilidades. La palabra regresa: sensibilidad, en su estado más puro.

“Las aristas de la discapacidad nos atañen a todos -abunda Pérez Gallardo- y lo tenemos que ver como un problema de nosotros, porque lo que persigue todo este ropaje jurídico es potenciar la autonomía y la independencia; para que los cubanos con discapacidad puedan escribir sus biografías en primera persona, o sea, que se tornen los protagonistas, al determinar el destino de sus vidas”.

En tal sentido, el Código de las Familias vino a significar un impulso prominente a esas visiones emancipadoras, a partir de una terminología más ajustada a reforzar la garantía del pleno ejercicio de los derechos (incluidos los sexuales y reproductivos, a una vida familiar digna, a la inclusión en la dinámica comunitaria y social…) de estas poblaciones, en absoluta igualdad; al hablar, además, del respeto a su voluntad y del deber de proveerles de apoyos personales, institucionales y tecnológicos. Responsabilidades todas que quedan en los hombros de las familias, la sociedad y el Estado.

Entre los cambios más notorios de esa legislación destaca que ahora el apoyo lo puede designar la propia persona que se encuentra en situación de discapacidad, lo que le da protagonismo y voz activa en su destino.

Cuba, un país envejecido, no puede apartar sus dinámicas de estas cuestiones; porque, aunque la ancianidad no es sinónimo de invalidez, sí resulta evidente que en esa etapa crece el riesgo de hechos que provoquen discapacidades. Entonces, la sociedad requiere estar preparada para que subir a un segundo piso tras un trámite sea más complejo, o que el agotamiento exija asientos donde antes el cuerpo solo requería algo de sombra ante la urgencia de esperar.

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                                                          UNA EXPERIENCIA DESDE LA CIENCIA

Rosa María Hernández López foto ChimenoLas doctoras en Ciencias y profesoras titulares Blanca Nieves Rivas Almaguer y Rosa María Hernández López lideran el Proyecto de Promoción de la Accesibilidad de Estudiantes con Discapacidad a la Educación Superior (Access), en Las Tunas. Ellas sostienen que en estos resortes de visibilizar, sensibilizar y apoyar a como dé lugar todo engranaje inclusivo es la familia el pilar más importante.

Puede ser cualquiera de las manifestaciones de la discapacidad, lo mismo sensorial, que intelectual, físico-motora o psicosocial, si el hogar ayuda, alienta, acompaña, se puede llegar lejos.

Pero ese acompañamiento pasa por el prisma del conocimiento; porque no basta con amar a un hijo o cónyuge con discapacidad, es preciso contar con los resortes cognitivos que son viables para alentarlo o encauzarlo, según sean sus posibilidades. Y dominar a fondo el entramado legal que lo ampara y condiciona para lograr independencia y autonomía.Blanca Nieves Rivas Almaguer foto Chimeno 1

“Desde el Centro de Apoyo a los Alumnos con Discapacidad, que atendemos como parte de Access en la Universidad de Las Tunas (ULT), organizamos actividades y proyecciones que van también encaminadas a la superación de los educandos y sus entornos.

“Queda bastante por alcanzar, lo sabemos. Los diagnósticos educativos arrojan que la familia es un camino todavía en el que falta mucho. Los estudiantes que salen a hacer las prácticas conocen el proyecto y nos ayudan a difundirlo para que se detecten dilemas en las comunidades e ir enriqueciendo el trabajo, pero no es suficiente.

“Tratamos de capacitar en asuntos jurídicos, para que conozcan los marcos en los que se pueden apoyar y apostamos por insertarnos en investigaciones diversas que nos enseñen cómo hacerles más accesibles los entornos y darles mayores facilidades educativas.

“Por ejemplo, estamos impulsando un estudio para ahondar en el deporte adaptado, alternativa inclusiva y débil en la provincia, cuando la mayoría de los estudiantes con discapacidad que tiene hoy la ULT están en la Facultad de Cultura Física”.

La labor se interesa, además, por derribar barreras psicológicas que abundan todavía en determinados profesores y actitudes, por concretar alianzas con la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) con miras a extender los servicios a sus alumnos y a tuneros que se forman en otras provincias.

Porque el centro brinda atención a familiares y discapacitados que no son de la ULT, pero viven en las inmediaciones, o se acercan por ayuda; a ellos, igualmente, se les incluye asesoría jurídica y psicopedagógica”.

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                                                                                         ***
Las indagatorias confirman que no avanzan estos temas en la sociedad al ritmo que fuera posible si se conocieran más las disposiciones que ahora forman el marco legal que ampara y alienta la autonomía de este grupo social, cuando bien se sabe, la situación de discapacidad puede llevar a la vulnerabilidad social y económica.

Un entramado jurídico adecuadamente establecido, pero que requiere divulgación, sensibilidad y buen tino, lo mismo desde los actores de la sociedad que desde los especialistas del Derecho, marcados por la urgencia de ahondar en esa legalidad e ir convirtiéndola en parte de su gestión cotidiana. Andar riguroso en el que nos involucramos todos.

 

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