Las Tunas.- Era un asunto demasiado serio como para dejar sola a la dirección de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), especialmente, en las primeras y críticas 24 e incluso 48 horas que le sucedieron al anuncio de una serie de modificaciones en su servicio móvil prepago y que entraron en vigor a partir de este 30 de mayo. Conmoción, sorpresa e indignación hemos visto en las jornadas posteriores a la aplicación de unos cambios, previsibles, pero no en la magnitud y la manera en la que se han aplicado. ¿Qué ocurrió?

Desde el pasado viernes al mediodía, Etecsa reajustó los montos de recargas nacionales a las líneas móviles prepago y unificó los planes de datos para las mismas. Todo, con el declarado propósito de optimizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el país. 

Uno de los cambios más significativos y que generó evidente malestar fue la implementación de un límite máximo de 360.00 pesos (CUP) para las recargas nacionales del saldo principal, en un período que inicialmente se estableció en los 30 días posteriores. Este monto de recarga es acumulativo, lo que significa que los usuarios no podrán superarlo, sin importar si las recargas se realizan a través de diferentes vías, como Transfermóvil, oficinas comerciales o agentes autorizados. Adicionalmente, dispuso un máximo de dos recargas diarias, siempre y cuando no se haya alcanzado el tope mensual.

Las recargas nacionales iguales o superiores a 100.00 CUP seguirán extendiendo el ciclo de vida de la línea móvil prepago por 330 días, con un período adicional de 180 días en estado de suspensión (solo para recibir llamadas y mensajes). Las recargas inferiores a este monto no influirán en la vigencia, aunque permitirán a los usuarios utilizar servicios básicos como llamadas, mensajes y navegación. 

La entidad insiste en que los clientes podrán consumir sus “megas” en cualquier red disponible, lo que en teoría les facilita la navegación en zonas con cobertura limitada. Pondera otros beneficios como que el uso de los datos ya no estará restringido a una tecnología específica y que todos los planes incluyen una bolsa de navegación nacional (bono de 300 megabytes, MB), que se renueva con cada compra. Mientras, recalca que la transferencia de saldo nutre de fondos a las líneas móviles prepago, con los que se pueden comprar nuevos paquetes, aunque no hayan transcurridos los 35 días siguientes de la última recarga al saldo principal. Casi al unísono afloró otra fuente de ganancias para los especuladores, el cobro de “comisiones” exorbitantes por hacer esas transferencias.  

Otras aristas muy debatidas, y criticadas también, han sido los planes en dólares estadounidenses (USD) obviamente dirigidos a usuarios con acceso a moneda convertible, y que pueden comprarse mediante el Monedero MiTransfer o tarjetas internacionales en sus oficinas comerciales; estos ofrecen mayores volúmenes de datos y beneficios adicionales, como llamadas al extranjero. Algo similar ocurrió con los planes extras con precios elevados, que requieren el pago directo a través de los canales autorizados.

En todos los modos posibles, la empresa reitera su compromiso con la población y destaca que mantendría los servicios en moneda nacional para garantizar accesibilidad; así como la entrada gratuita a las plataformas educativas (aulas virtuales, bibliotecas digitales…), más el apoyo a sectores prioritarios, como Salud y Educación, con conectividad asegurada. 

Frente al aluvión de críticas, la entidad anunció este lunes que habrá un plan de datos extra intermedio inferior a los tres mil 360 pesos; y que, a partir del 2 de junio, los planes de datos cuentan con una vigencia extendida de 35 días, lo que permitirá a los clientes disponer de un margen adicional para consumirlos sin la limitación estricta del mes calendario. Continúa, dijo, que se acumulan esos recursos si hacen una nueva recarga antes de la referida treintena de jornadas. Para los estudiantes universitarios habilitará la posibilidad de comprar un segundo plan de 6 gigabytes (GB) por un valor de 360.00 CUP. Así accederán a 12 GB por 720.00 CUP.

¿QUÉ SACAMOS EN LIMPIO DE ESTE ASUNTO, AÚN EN “PLENO DESARROLLO”?

La racionalidad económica que sustenta este paso es incontestable. La empresa cubana de telecomunicaciones necesita con urgencia fondos que le permitan sostener una infraestructura de las comunicaciones en franco deterioro. Y, aunque Etecsa subraya que los cambios implementados representan un paso hacia la modernización de los servicios móviles en Cuba, es innegable que se trata de un movimiento que prioriza la rentabilidad y mayores ingresos, enfáticamente divisas convertibles.

Como era de esperarse, la noticia estremeció al público cubano al sentirse afectado, más que todo, por los límites en las recargas nacionales. De hecho, ha sido un tanto inédita la reacción de la sociedad civil, que ha realizado un despliegue de lucidez y capacidad de respuesta, con destaque para quienes manifestaron su desacuerdo sin renegar de su apoyo al proceso revolucionario. Mención especial a los estudiantes universitarios, cuya Federación ha sido fiel a su historia, no solo por ser su voz como era lo correcto, sino que, además, la FEU le salió al paso a los forcejeos de la contrarrevolución de capitalizar el descontento.  

A priori, la medida le confiere a cada ciudadano un consumo mínimo de navegación a Internet que, en teoría, le permitiría conservar sus enlaces en estos espacios digitales. Mas, ese monto, aunque los expertos de la empresa digan lo contrario, a casi nadie le parece suficiente.

No hubo que aguardar demasiado para ver el impacto que tendría en aquellos sectores de la población cubana muy dependientes de la conexión a la red de redes para sus labores cotidianas, como profesores, estudiantes o empleados en la modalidad de teletrabajo. Igualmente, fue notable el rechazo de quienes, en el sector público o privado, dependen parcial o totalmente de su enlace a Internet para su sustento económico.

Incluso, con los más recientes cambios toca preguntarse si los empleadores, estatales o no, estarán dispuestos a comenzar a asumir, o a incrementar según sea el caso, el costo del acceso a la red de redes de sus empleados. Ya sea mediante la adquisición o ampliación del uso de las líneas móviles corporativas en sus respectivos equipos de labor, o invirtiendo más en otros servicios de conectividad empresarial ofrecidos por Etecsa. Por lo visto en los primeros contactos entre algunos organismos de la Administración Central del Estado y la telefónica cubana, algo de eso habrá desde los ministerios de Educación y Educación Superior.

Lo ocurrido después del 30 de mayo también plantea la interrogante de si se transformarán o no los hábitos de consumo de la Internet del público en la Isla. Hasta el momento, la mayoría lo hacía desde sus dispositivos móviles y mediante la red de datos.

No debería descartarse un eventual regreso de muchos hacia los espacios públicos de la tecnología wifi, teniendo en cuenta que los costos de la navegación por esa vía lucen más asequibles. Y podría verse un retorno a prácticas un tanto olvidadas o menos usadas hasta este minuto, como las llamadas de voz o los mensajes de texto (SMS).

Los ataques y críticas a Etecsa llegan desde diferentes ángulos; quien lo haga no será todo lo objetivo en su diatriba si no considera el daño que hace el bloqueo económico estadounidense a la capacidad cubana de mantener y mejorar su infraestructura de telecomunicaciones.

De nuevo, parece no haberse tenido en cuenta todas las reacciones posibles, de lo contrario no se habría matizado luego el esquema inicialmente dado a conocer.

¿Tenía que ocurrir todo esto para que, en cierto modo, cayéramos en la cuenta de que las plataformas nacionales de difusión de contenido o los repositorios domésticos de datos estaban subutilizados y eran más vulnerables en su soporte energético con respecto a sus similares foráneos?

Probablemente pocos recuerden que en diciembre pasado el primer ministro Manuel Marrero Cruz, desde el Parlamento, anticipó mucho de lo aplicado ahora. Parecería que aquel aviso no fue correctamente transformado en acciones de comunicación política hacia lo interno. Para colmo se escogió un momento de crisis energética y alimentaria que añadió crispación y malestar a una ciudadanía sometida constantemente a mensajes externos de incitación a la subversión.

Lo hecho por Etecsa y las reacciones transparentan otras dinámicas dentro de la economía nacional como la influencia de las cotizaciones paralelas de las divisas convertibles. Basta con comparar el costo en CUP y en dólares de los planes extras dados a conocer el 30 de mayo.

Estamos ante el aumento del precio en un servicio que, en tanto estratégico, deberá seguir siendo público; sin embargo, está por ver su impacto en los costos de otras prestaciones y productos. A nadie debería sorprenderle demasiado un impulso relativo a la inflación desde aquellas producciones o servicios que más dependen de la conectividad para realizarse, especialmente en el sector no estatal; tengan la razón o no para elevar esas cotizaciones.

Más allá de lo inmediato, es preciso detenerse en las cuestiones subyacentes en esta situación. Entiéndase las distorsiones existentes en la economía, sobre todo en cuanto a la dolarización y la ausencia de un mercado cambiario legal.

Una vez más, el bando revolucionario lidia con el cometido de hacer un “control de daños” comunicacional que, quizás, pudo eludirse fomentando un debate previo y escuchando muchas de las propuestas hechas ahora. Se obra, otra vez, con una matriz negativa asentada, y no sin razón, en la mente de la opinión pública.

No lo olvidemos: no es solo el prestigio de Etecsa el que está caminando por arenas movedizas; hay mucho capital político en juego.