Las Tunas.- A pocas semanas de su presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, prevista para diciembre, el anteproyecto de Ley de Educación llega a su versión 19 con el objetivo de actualizar y articular el sistema educativo cubano.

En su elaboración participaron más de 25 organismos, instituciones y centros de estudio, coordinados por los ministerios de Educación y Educación Superior, el texto se articula con la legislación aprobada desde 2019, entre ella el Código de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

Uno de los aspectos que introduce mayor claridad es la delimitación de la enseñanza obligatoria, el anteproyecto fija su inicio en el grado prescolar (sexto año de vida) y su conclusión en el noveno, sustituyendo así las formulaciones ambiguas que existían hasta ahora sobre este período.

De igual modo, se abre la posibilidad de certificar aprendizajes obtenidos fuera del aula, ya sea por cuenta propia o mediante la experiencia laboral; quien, por ejemplo, haya desarrollado habilidades en soldadura de manera autodidacta y logre demostrarlas podría acceder a una titulación oficial que reconozca esas competencias.

En el plano económico, el anteproyecto conserva el presupuesto estatal como fuente principal, pero admite fuentes complementarias de financiamiento, servicios de posgrado, capacitación, donativos o proyectos, sin que ello suponga la aparición de escuelas privadas ni el traslado de la administración de los centros a manos no estatales.

A ello se suman la actualización de los fines y principios educativos, el refuerzo de la protección de los derechos de niños y adolescentes frente a la violencia y la incorporación de la transformación digital, la ciberseguridad y el uso crítico y ético de la inteligencia artificial como componentes de la formación.

Se incorporan la accesibilidad y los ajustes razonables para favorecer el aprendizaje, la participación y la continuidad de estudios de los educandos con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad.

La norma también contribuye al desarrollo del país y de los territorios. La formación se vincula con las necesidades del desarrollo, se articulan las ofertas educativas con las prioridades económicas y sociales y con las potencialidades de cada lugar. En esa misma línea, se promueven la ciencia e innovación para resolver problemas. Se impulsa la colaboración de instituciones educativas y universidades con los sectores productivos, los servicios y las comunidades.

El anteproyecto de Ley de Educación propone un sistema más articulado, inclusivo, moderno y comprometido con el desarrollo del país, a la espera de su aprobación para convertirse en norma vigente.