Las Tunas.- La habilitación de canales de información para que las personas puedan denunciar violaciones de precios y otras irregularidades relacionadas con el proceso de bancarización forma parte de una estrategia gubernamental que impulsa Las Tunas, con la comunicación como bandera.
Se trata de un movimiento de control popular en el que están establecidos los canales de comunicación, sobre todo vía telefónica, para que la ciudadanía pueda notificar el incumplimiento de las regulaciones de precios establecidas en la Resolución 225/2024, puesta en vigor este mes de julio.
De igual manera, la población puede informar sobre el no uso o uso indebido de los canales de pago electrónicos, como parte del proceso de bancarización que acomete el país hace más de un año, teniendo en cuenta que hay establecimientos que habilitan los códigos QR de tarjetas personales y obvian la opción del “pago en línea”.
Los contactos de Atención a la Población, la Dirección de Inspección y Supervisión y la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, así como sus instancias municipales, están a la disposición popular como una vía de control, transparencia y voluntad gubernamental para proteger a los consumidores.
Desde los perfiles oficiales del Gobierno Provincial se actualiza, además, sobre las acciones de control de precios y otras medidas, pues a partir de la entrada en vigor de la Resolución, una decena de negocios locales fueron cerrados por incumplimiento de la ley y se impusieron más de 50 multas.
La comunicación directa y constante entre la ciudadanía y las estructuras de control y los servicios se afianza como un pilar fundamental dentro de la gestión de Gobierno que impulsa Las Tunas en esta nueva etapa, en la que juegan también un papel decisivo los medios de comunicación oficiales.
En tal sentido, las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio acordaron establecer un contacto sistemático con la prensa en aras de intercambiar ideas, esclarecer información de interés para las agendas mediáticas y ofrecer una actualización de las prioridades económicas e indicadores sociales de esta provincia oriental.
