Las Tunas.- La superación del personal de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) del municipio cabecera es una prioridad para sus directivos, quienes desde finales del 2023 hasta el primer semestre del actual calendario han buscado las maneras de preparar a sus profesionales en cada una de las transformaciones legislativas que ha vivido el país, en aras de lograr un servicio de calidad.
Uno de los objetivos es el aumento de la cultura jurídica, comenzando por la Constitución de la República del 2019, que estableció un hito en el constitucionalismo cubano, aportando capítulos con mayores derechos y garantías, así como lo relacionado con el debido proceso y modificaciones en todas las materias, principalmente en la penal.
Aliubis Fernández González, directora de la ONBC en la localidad cabecera, aseguró que como abogados que efectúan la representación y, además, el asesoramiento jurídico, se deben mantener preparados en la amplia gama legislativa.
“Una de las normas que trajo a la organización muchas interrogantes fue la Ley del Proceso Penal o Ley 143, que comenzó el primero de enero del 2021, y que a nosotros como bufete nos obligaba a estudiar lo relacionado con la representación al inicio del proceso, es decir, la primera toma de declaración que lleva el acompañamiento del abogado y eso trae como consecuencia la asistencia letrada.
“Es aquí donde el abogado de oficio juega un rol protagónico, una tramitación que defendemos a cabalidad, porque hemos sido capaces de llegar hasta las unidades de instrucción y de la Policía”.
En este repaso de desafíos, imposible olvidar que los letrados tuneros fueron protagonistas en la batalla por la aprobación del nuevo Código de las Familias; una etapa ardua, comprometida, en la que asumieron en cada barrio las reuniones aclaratorias sobre esta nueva normativa.
Fernández González suma a esta lista el Código de Proceso, la Ley Administrativa, la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, que la población debe conocer porque se busca que haya seguridad jurídica de todas las garantías que aporta la Constitución, para que la ciudadanía no se vea desprotegida.
Además, “una Ley de Ejecución Penal que vino a darle protección jurídica al sancionado cubano, y no es más que la garante de los derechos, deberes y garantías de la persona que es llevada a un proceso penal y dictado a una sentencia, que hoy la cumple”.
En busca de lograr ese acompañamiento justo para el imputado o la víctima, se capacitan los abogados de Las Tunas, para que la población encuentre en sus oficinas una tutela judicial efectiva.
