La Universidad de Columbia, que en el 2023 se convirtió en el foco principal de las protestas estudiantiles contra el conflicto en Gaza, ha aceptado las demandas de la Administración del presidente Donald Trump para no perder 400 millones de dólares en financiamiento y contratos federales.
El ultimátum de la Administración republicana, que expiraba este viernes, forzó a la prestigiosa institución, parte de la exclusiva Ivy League, a cumplir con nueve exigencias orientadas a fortalecer las restricciones sobre las manifestaciones dentro del campus. De haberse concretado, los recortes habrían impactado de manera significativa, especialmente en la Facultad de Medicina.
Entre las medidas acordadas, Columbia ha aceptado prohibir el uso de mascarillas durante las protestas (una táctica frecuente entre los manifestantes para proteger su identidad), modificar su sistema de admisión y actuar con mayor severidad contra las manifestaciones críticas hacia Israel, otorgando a 36 oficiales de seguridad del campus la autoridad para arrestar a estudiantes.
Asimismo, la Casa Blanca consiguió una concesión de mayor alcance: la designación de un vicerrector principal para supervisar el Departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, junto con el Centro de Estudios Palestinos.
Trump ya firmó a finales de enero una orden ejecutiva en la que prometía medidas contundentes para perseguir “la explosión de antisemitismo” en los campus universitarios y las “calles” de Estados Unidos, tras los atentados del 7 de octubre del 2023, asegurando, incluso, que los estudiantes “celebraban” los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias palestinas.
El control gubernamental sobre un departamento académico como el de Oriente Próximo -y en particular sobre el prestigioso Centro de Estudios Palestinos, que fue el hogar de Edward Said y luego de Rashid Khalidi- ha generado una profunda preocupación entre el profesorado de Columbia y otras universidades estadounidenses. El nuevo vicerrector, designado por Columbia, revisará el plan de estudios, la contratación de profesorado no titular y la dirección del centro “para garantizar que la oferta educativa sea completa y equilibrada”, es decir, neutral hacia Israel.
Con la amenaza -o el chantaje- de retirar esos fondos, Trump ha utilizado a Columbia como un ariete en su ofensiva contra las grandes universidades, vistas por los republicanos como un vivero de élites demócratas y liberales. Los primeros indicios de esta ofensiva se hicieron evidentes con el debate sobre el antisemitismo en los campus, pocos días después de los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. La Administración republicana exigía medidas más enérgicas ante las acusaciones -planteadas por estudiantes y donantes judíos- de que las universidades eran demasiado indulgentes con los manifestantes.
La consecuencia directa de este endurecimiento fue la detención, hace una semana, de Mahmud Khalil, un estudiante de posgrado de origen palestino (quien nunca usó mascarilla en las protestas, ni siquiera cuando actuó como interlocutor con el rectorado).
Un juez ha paralizado la deportación de Khalil, a quien la Casa Blanca considera, sin pruebas, alineado “con los terroristas de Hamás”, a pesar de que posee residencia legal en EE. UU. y está casado con una ciudadana estadounidense. Tras Khalil, otros estudiantes y profesores cercanos a la causa palestina han sido detenidos, y una doctora de la Universidad de Brown fue deportada de inmediato en el aeropuerto de Boston a su regreso de un viaje al Líbano.
Otras demandas de Washington aceptadas por Columbia incluyen trasladar los procesos disciplinarios a la oficina del rector; formalizar la definición de antisemitismo para reprimir mejor las protestas, y hacer cumplir las sanciones a los manifestantes que el año pasado ocuparon Hamilton Hall, un edificio del campus cuyo desalojo policial puso fin a la movilización (desde entonces, el campus permanece cerrado, excepto para profesores y estudiantes).
La rectora interina, Katrina Armstrong, consciente de la preocupación que han generado estas medidas, se dirigió por carta este miércoles a la comunidad de Columbia:
“La administración responsable significa que debemos considerar todas las acciones apropiadas, trabajar con nuestros socios en todo el país, y lo estamos haciendo... Pero nunca comprometeremos nuestros valores de independencia pedagógica, nuestro compromiso con la libertad académica o nuestra obligación de cumplir la ley”.
Armstrong sucede temporalmente a Minouche Shafik, quien dimitió en agosto pasado, convirtiéndose en la tercera rectora afectada por el intenso debate sobre el antisemitismo en los campus.
Columbia es la primera universidad que enfrenta una injerencia tan agresiva por parte de la Administración de Trump, pero docenas más están en alerta, ya que podrían ser las siguientes si desafían las órdenes del presidente en temas como el activismo propalestino, los programas de diversidad (la Casa Blanca tiene en la mira a medio centenar de universidades) o la participación de mujeres transgénero en equipos deportivos femeninos. Al menos 60 universidades están siendo investigadas para determinar si su respuesta a las protestas contra la guerra de Gaza fue adecuada.
Por otro lado, pocos parecen haber notado la campaña de delaciones (o doxing, la revelación de datos personales como acusación) emprendida contra académicos que han sido represaliados. El último caso es el de un investigador de Georgetown, detenido este jueves por sus presuntos vínculos palestinos (de nacionalidad india, está casado con una palestina).
En un mensaje electrónico enviado a su lista de correo, el grupo Middle East Forum, un lobby de los intereses de Washington en la región, se jactó ese mismo día de haber revelado la identidad de Badar Khan Suri, quien está en EE. UU. con una visa de estudiante que puede ser revocada de inmediato, según el Departamento de Estado.
“Badar Khan Suri, miembro del Centro Príncipe Alwaleed bin Talal para el Entendimiento Cristiano-Musulmán de la Universidad de Georgetown, ha sido detenido y se enfrenta a un proceso de deportación. La detención se produjo a raíz de un artículo publicado por el Middle East Forum, en el que se exponían sus repetidas alabanzas al terrorismo de Hamás y su parentesco por matrimonio con un alto cargo de la organización terrorista”, dice el correo, refiriéndose al padre de su esposa, presunto líder de Hamás.
El artículo, publicado en la revista JNS, lo acusaba de “difundir activamente la propaganda del grupo terrorista y promover un virulento antisemitismo en las redes sociales”, así como de viajar a Siria e Irán como parte de una caravana de solidaridad con Gaza en el 2010.
