Las Tunas.- Más integralidad, exigencia de responsabilidades y evaluación cada 15 días caracterizan el nuevo enfoque establecido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en esta provincia a la estrategia de enfrentamiento a los delitos contra el patrimonio público.
Según la Delegación aquí del Ministerio de Interior en los cuatro primeros meses de este 2024, contra recursos o inmuebles de propiedad estatal, ocurrieron en la provincia 500 delitos, fundamentalmente hurtos y robos con fuerza; dicha cifra, aunque es menos de la décima parte de todos los hechos similares perpetrados en ese lapso en suelo tunero, supone un incremento de un cinco por ciento con respecto a los contabilizados en un período análogo, pero de 2023. Numéricamente ese medio millar de delitos parece poco frente a todas fechorías cometidas aquí, pero su impacto sobre el conjunto de la sociedad es cualitativamente mayor porque dañaron entidades o unidades que expenden productos o prestan servicios a decenas o miles de personas.
Así sucede, por ejemplo, con los 39 delitos consumados contra unidades comerciales de propiedad pública, especialmente los 18 robos con fuerza en similar número de bodegas tuneras o en otros de semejante tipicidad que afectaron a consultorios del personal médico y de Enfermería de la familia; o al cableado de cobre de las redes eléctricas.
La poca iluminación, mínima protección, ya sea mediante medios físicos como rejas u otros dispositivos o con personal especializado, y el escaso involucramiento de los actores comunitarios en la vigilancia de esos establecimientos, habría facilitado la labor de los malhechores, alertó el Minint en su informe.
Frente a esta situación, la máxima dirección del Partido y el Gobierno en el Balcón del Oriente Cubano anunció que revisarán cada dos semanas cómo cada uno de los organismos o empresas afectadas afrontan y, sobre todo, previenen la ocurrencia de delitos.
Es necesaria una mirada preventiva, multisectorial y que la comunidad tome más parte en la custodia de esos recursos tan valiosos como los productos de la canasta básica familiar normada, opinó Walter Simón Noris, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia.
El dirigente partidista consideró, asimismo, que otros engranajes requieren reactivarse como el resguardo mediante la guardia obrera y el chequeo sistemático de los consejos de dirección. Por su parte, Jaime Ernesto Chiang Vega, gobernador, enfatizó que la responsabilidad primigenia ante la eventual ocurrencia de delitos sobre la propiedad estatal la tienen las administraciones o empresarios; por ende, estos serán los primeros a quienes se les pedirá cuenta al respecto.