Guatemala.- Guatemala inicia el 2022 con pendientes en el sector de justicia e importantes elecciones por delante con gran protagonismo del Congreso.
La renovación de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones tiene dos años de retraso, pues durante 2021 el tema en los casos en que llegó a la agenda legislativa no pasó de los últimos puntos o tuvo que suspenderse por falta de cuórum.
El Congreso se negó a cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de elegir a viva voz y excluir a los candidatos con señalamientos por parte del Ministerio Público, por lo que los magistrados suman siete años en el cargo, algo insólito en la historia democrática del país.
Otro cambio a la vista será elegir al sucesor del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, tras ocupar el cargo por cinco años.
Rodas, una ficha bastante incómoda para el Gobierno de Alejandro Giammattei, entregará el puesto el 19 de agosto, si antes no se tejen más maniobras que lleven a su destitución tal y como ensayaron todo el 2021 sin éxito.
El pleno de diputados deberá seleccionar entre tres candidatos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, según establece el protocolo.
También entrará en este 2022 la designación del contralor general de cuentas para el 13 de octubre, responsabilidad que estará en manos del gremio de Contadores Públicos y Auditores, quienes propondrán seis candidatos a los congresistas para seleccionar al sucesor de Edwin Salazar.
En los hombros de Giammattei recaerá un momento clave, la renovación de la jefatura del Ministerio Público, en manos de la fiscal general Consuelo Porras y prevista para mayo.
El jefe de Estado escogerá al candidato de una nómina de seis nombres propuestos por una comisión postuladora y se espera que sea alguien muy cercano, como hasta ahora, al ejecutivo para mantener la cooptación de los tres poderes, señalan analistas.
Además, está en camino la elección del rector de la Universidad de San Carlos, prevista para el próximo 27 de abril, tras la captura de Murphy Paiz en marzo de 2021 por su supuesta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020 (red de tráfico de influencias para cooptar las elecciones de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones).
Todo, sin olvidar que este es un año preelectoral y desde ya los políticos se enfocan en robustecer sus bases para entrar en la contienda fijada para junio del 2023.
En el presupuesto aprobado por el Congreso en noviembre último se incluyeron los fondos para el evento y el Tribunal Supremo Electoral será el encargado de organizar las votaciones y velar porque los partidos cumplan las normas establecidas.