Bolivia.- El Comité Impulsor de Justicia (CIJ) en Bolivia presentará hoy una denuncia y declaración política jurídica en la Plaza Murillo contra la impunidad favorable a elementos golpistas, confirmó una fuente de esa organización social.
Aldo Michel, abogado del CIJ, aseguró que "emplazaremos denuncia y declaración política jurídica contra la impunidad, la inacción del Ministerio Público y los operadores de justicia".
Michel criticó también a las autoridades gubernamentales por la indefensión en la cual se vieron los ciudadanos de Santa Cruz durante el paro con violencia de 36 días, el cual dejó un saldo de cuatro muertos, cientos de heridos, una acusación de violación grupal a una mujer y más de mil millones de dólares en pérdidas económicas.
El abogado agregó que la cita en la Plaza Murillo exigirá que cese la postergación de todos los procesos judiciales contra los golpistas de noviembre del 2019.
Representantes del Comité Pro Santa Cruz, por su parte, publicaron el sábado último un comunicado en el que expresaron su "rechazo y repudio a la persecución política" por parte del Gobierno en contra de quienes impusieron el paro y los bloqueos en ese departamento.
Esa estructura no elegida se declaró "en emergencia" y amenazó con volver a tomar las calles en respaldo al gobernador, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Al referirse al tema, el vocero presidencial, Jorge Ríchter, aclaró que esos tres individuos "pueden levantar la voz, pueden tener un tono muy amenazante -si se quiere-, cuando salen y declaran, pero eso no los va a eximir de sus responsabilidades".
El CIJ presentó en Chuquisaca una denuncia contra Camacho y Calvo por delitos de discriminación, racismo, organización criminal, atentado contra las autoridades del Estado, además de violar los derechos del pueblo durante el paro.
También en La Paz fue presentada una acusación contra Camacho, Calvo y Cuéllar por los actos de violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de la organización departamental de campesinos.
Ríchter criticó que esos representantes de las élites de poder cruceñas hablen de persecución política cuando se entablan demandas para que respondan por sus responsabilidades en hechos de violencia, muerte, racismo, discriminación y pérdidas económicas que superaron los mil 200 millones de dólares.
