La Paz.- Testimonios de víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), de la persecución política durante el Gobierno de facto en Bolivia acaparan hoy titulares en medio del proceso judicial contra exautoridades golpistas.
La etiqueta #SomosDemocracia constituye una alianza de los medios estatales bolivianos para rememorar aquellos hechos lamentables que enlutaron a varias familias y expone a la opinión pública detalles de la represión contra quienes rechazaron el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Gloria Quisbert, presidenta de las víctimas de Senkata, relató al canal estatal Bolivia TV cómo un contingente militar desde un helicóptero disparaba a la gente y la negligencia médica de algunos doctores dejó morir a los heridos por considerarlos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por su parte, Gonzalo Mamani, víctima del mismo hecho, contó cómo efectivos policiales quemaban las banderas whipala, arrojaban gases lacrimógenos contra mujeres y niños y actuaban violentamente por considerar a la gente afines a ese movimiento.
Asimismo, María Cristina Quispe Mamani narró al mismo medio de comunicación cómo su esposo perdió la vida a causa del disparo de militares cuando solo se dirigía a cobrar su sueldo.
La estrategia comunicacional llega en medio del proceso judicial impulsado por la Fiscalía contra la exmandataria de facto Jeanina Áñez, y exmiembros de su Gabinete, actualmente en prisión preventiva, un proceso calificado por la derecha boliviana de "cacería de brujas" pese a esos testimonios contundentes.
Por otra parte, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) recordó la víspera en un comunicado que Áñez cometió graves violaciones a los derechos humanos, principalmente contra dirigentes y militantes del MAS y grupos vulnerables, así como crímenes de lesa humanidad y criminalizó las protestas sociales.
Denunció la Foladh que más de 150 dirigentes y miembros de ese movimiento fueron sometidos a juicios bajo cargos de presunta sedición y terrorismo, incluyendo las acusaciones contra el líder aymara, todas sin fundamentos plausibles, como parte de una campaña de persecución y exclusión política de la principal fuerza opositora.
Rechazó la actitud injerencista de la OEA que, una vez más, defendió a Áñez y a su Gabinete y calificó a esa organización de propiciadora de escenarios de desestabilización y de una abierta parcialidad.
La Cancillería local denunció la intromisión de esa organización y aseguró que Luis Almagro, su secretario general, no tiene la autoridad moral ni política para referirse a Bolivia y favorece intereses particulares y políticos, mientras olvida las violaciones, muertes y persecuciones cometidas por el régimen de facto.
"Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad", denunció el texto al referirse a las declaraciones de Almagro sobre el arresto de Áñez y varios miembros de su Gabinete.
