tpelvotopopularenPeru

Lima.- Nuevos desmentidos a los alegatos derechistas que demoran la proclamación presidencial de Pedro Castillo caracterizaron hoy en Perú el reinicio de las audiencias de la justicia electoral sobre apelaciones a pedidos de nulidad ya rechazados.

Al menos 36 ciudadanos de cinco regiones, cuyas firmas fueron supuestamente falsificadas en las actas de votación, según los abogados de la derrotada Keiko Fujimori, desmintieron con declaraciones notariales que hubieran sido suplantados.

En la sesión de hoy del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) negaron legalidad de la incorporación del fiscal Víctor Rodríguez como miembro, en reemplazo de Luis Arce Córdova, quien renunció por oponerse a los dictámenes mayoritarios de la corte.

Los abogados de Fujimori alegaron que la renuncia de Arce está prohibida, pero juristas de diversas posiciones que concuerdan en que la dimisión de Arce buscaba paralizar por falta de quórum al JNE, por lo cual que tenía que ser reemplazado.

Ante su previsible fracaso legal, porque no presentaron pruebas para su pedido de nulidad de actas de regiones en las que ganó ampliamente Castillo, Keiko Fujimori y sus aliados de extrema derecha porfían en la exigencia de una auditoría internacional.

La abogada y política derechista Lourdes Flores pidió al presidente Francisco Sagasti que solicite una auditoría internacional del balotaje presidencial del 6 de junio, por ser el mandatario el único facultado para hacerlo.

El vocero del bloque de extrema derecha que apoya a la derrotada, Daniel Córdova, anunció que un grupo de dirigentes de ese sector alista viaje a Washington para pedir directanente la auditoría al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El abogado de Castillo, Aníbal Torres, señaló que la auditoría no procede porque la misión veedora de ese organismo elogió no solo los comicios sino también los dictámenes posteriores de la justicia electoral.

Córdova, quien sazona sus declaraciones con ataques contra gobiernos progresistas latinoamericanos, reconoció que no hay prueba alguna de fraude en la elección y alegó que por eso sería necesaria, para probar su presunción, una auditoría externa.

El constitucionalista Luciano López acotó que la legislación electoral parte de la presunción de legalidad del voto, es decir que este tiene validez mientras quien lo impugne no presente pruebas en contrario y el fujimorismo no ha presentado evidencia alguna.

En ese contexto, el economista Pedro Francke, responsable económico del equipo pre-gubernamental de Castillo, consideró necesario que la autoridad electoral proclame al nuevo presidente porque la demora genera inestabilidad y afecta el proceso de transferencia a la nueva administración.

Veedores internacionales del balotaje y gobiernos de América y Europa han avalado los comicios, frente a los intentos de deslegitimarlo.

Escribir un comentario

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

Código de seguridad
Refescar