La Habana.- Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron hoy la primera ley que ordena y define los principios, objetivos, instrumentos y régimen institucional en materia de ordenamiento territorial y urbano además de la gestión del suelo.
En presencia de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Samuel Rodiles Planas, titular del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, presentó el proyecto de la norma a los diputados.
Durante su intervención rememoró las diferentes etapas por las que transitó en su discusión por los propios parlamentarios, la academia, los organismos y entidades y la población en aras de enriquecerla.
Expresó que en lo adelante Cuba dispondrá, por primera vez, de una legislación integral, capaz de articular y ordenar las diferentes competencias que inciden sobre el territorio y que reúnen de manera adecuada las exigencias del ordenamiento territorial y urbano.
Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, dio a conocer el dictamen sobre la propuesta de normativa, el cual refiere que entre los propósitos de la legislación se encuentra definir los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, su contenido, ámbito, alcance, instancias de aprobación y su gestión.
Asimismo, establece las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, del Instituto Nacional, las delegaciones y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo; así como el régimen jurídico y urbanístico del suelo; los instrumentos para su gestión, las servidumbres, el catastro nacional y las zonas con regulaciones especiales.
La norma jurídica también contempla a los actores que intervienen en el ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, participación y comunicación, responsabilidades y deberes; además de la inspección, el control, la disciplina territorial y urbana; y las responsabilidades y deberes de los organismos de la Administración Central del Estado y de otras entidades.
También manifestó que mediante la propuesta de ley se perfeccionan los instrumentos de planeamiento para el desarrollo físico espacial de los territorios y los procesos jurídicos, administrativos y técnicos dirigidos a utilizar de forma sostenible el suelo, estableciéndose sus niveles de aprobación.
Lajes Choy calificó de novedosa la declaración de incompatibilidad y ruina sobre las edificaciones, la construcción en azoteas estatales y las servidumbres.
De igual forma, reconoció la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales, que contribuyen al manejo sostenible del suelo y las herramientas que permiten poner los beneficios derivados de las operaciones sobre este al servicio del interés general.
Señaló que la legislación también define las responsabilidades y los deberes comunes y específicos de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la elaboración y gestión de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano y a la gestión del suelo.
Durante los meses de noviembre y diciembre las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el proyecto de ley con los diputados en dos reuniones desarrolladas por videoconferencia y una de forma presencial, y se formularon 52 intervenciones, las cuales generaron 127 criterios y propuestas.
Estos, sumados a los 160 realizados por la población y los organismos a través del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular habilitado, fueron evaluados por ambas comisiones de conjunto con funcionarios y expertos.
De los 287 criterios recibidos 250 constituyeron propuestas, de las cuales fueron aceptadas 148, realizándose 63 modificaciones al texto inicialmente circulado.
Inés María Chapman, vice primera ministra de la República, comentó que muchos problemas que se trabajan en los barrios están relacionados con dificultades en el ordenamiento territorial y urbanístico, y que esta ley impacta en el desarrollo económico y social del país, pues se articula con el Plan de la Economía y el trabajo en las comunidades.
Destacó que no basta con contar con esta norma sino que es preciso capacitar a las personas para hacerla cumplir, a la vez, subrayó que la misma se vincula con el plan de desarrollo integral de los territorios.
Gerardo Enrique Hernández Suárez, diputado por el capitalino municipio de Arroyo Naranjo, recordó los constantes desvelos del Comandante en Jefe Fidel Castro en las visitas y tareas encomendadas en el trabajo en los barrios más vulnerables, por lo que esta ley viene acompañada de un gran compromiso.
