Las Tunas.- De alentadora, pero insuficiente calificaron las autoridades políticas y de Gobierno de la provincia la disminución en el ritmo de crecimiento de los delitos ocurridos aquí durante el 2024, con respecto al año previo. El propósito continúa siendo reducirlos, añadieron al evaluar un asunto altamente sensible para la sociedad tunera, porque pone en entredicho una de las principales conquistas del socialismo cubano: la tranquilidad ciudadana.
Cifras dadas a conocer en la plenaria que analizó este tema, indicaron que el total de hechos delictivos perpetrados en el Balcón de Oriente, el calendario pasado, superó en uno por ciento a los ocurridos en el 2023; especialmente, por su alza en los municipios de Majibacoa, Amancio y Puerto Padre. Sin embargo, los analistas del Ministerio del Interior (Minint) advierten que la capital territorial es crucial para cambiar el panorama general, porque concentró el 40 por ciento de todas las felonías perpetradas en suelo tunero en el mencionado lapso.
El tráfico de drogas, los asesinatos, los hurtos de ganado, los robos con violencia y con fuerza fueron las más cometidas por ese orden. No obstante, los expertos del Minint aclararon que, fundamentalmente en lo tendiente al trasiego ilegal de estupefacientes, parte de ese incremento estaría asociado al ascenso de su enfrentamiento, lo que habría posibilitado detectar más. En contraste, los datos revelaron una mengua de los delitos tipificados como lesiones y homicidios. Asimismo, hicieron notar que los hechos contra la masa ganadera en la provincia constituyeron el 50,3 por ciento de la incidencia delictiva.
Atenidos a esos mismos registros oficiales, el perfil del delincuente en Las Tunas durante el 2024 podría resumirse así: una persona sin vínculo laboral conocido que no había cumplido los 30 años de edad y sin antecedentes penales.
Ante ese escenario, el director de Trabajo y Seguridad Social en el territorio, Miguel González, alegó que a menudo esos desocupados han rechazado más de una oferta de plaza. Desde su punto de vista, no están funcionando como deben los grupos de prevención establecidos a nivel de consejo popular, entre cuyos cometidos tienen justamente evitar que broten delincuentes entre quienes no acreditan fuentes lícitas de su sustento económico.
A lo largo de los 12 meses recién concluidos, en la tierra de Vicente García hubo 48 robos en bodegas menos con respecto al 2023. Sin dudas, es un número alentador, opinó Carmen Pérez Tamayo, directora del Grupo Empresarial de Comercio. Mas, expresó que mantendrán las medidas aplicadas desde el 2024 en el control sobre los productos y la seguridad de los inmuebles. “Se empezará por los que fueron afectados, algunos, incluso, más de una vez”, enunció. En el actual año destinarán parte de su presupuesto a reforzar la seguridad de esos establecimientos y en completar las plazas de custodios. “Nos falta mucho por hacer”, admitió.
Mientras, representativos de la Intendencia de Gobierno en Puerto Padre aseguraron que, tras haber identificado a la localidad de Delicias como la zona más perjudicada por el robo de bodegas, se empeñan en mejorar la dirección de la Unidad Empresarial de Base de Comercio allí; sus colegas del municipio de Las Tunas sostienen que tienen claro lo que deben hacer: vigilancia nocturna y reforzar la seguridad, apelando siempre al apoyo comunitario, enumeró Arcadis Estrada Zamora.
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NO PODEMOS VIVIR A BASE DE EJERCICIOS
Las estadísticas indican que las medidas tomadas desde abril pasado, en conjunto con los órganos de enfrentamiento, impactaron de manera positiva, aseguran las autoridades aquí; porque si al cierre de marzo del 2024 la sumatoria de delitos subía mensualmente a un ritmo de 27 por ciento, cuando terminó el calendario el alza era de solo un punto porcentual.
Particular énfasis hacen en los efectos del ejercicio nacional contra el delito y las ilegalidades realizado en diciembre pasado, que, destacaron, movilizó más de nueve mil personas entre funcionarios y efectivos de los órganos de enfrentamiento; y que triplicó la cantidad de inspectores en la calle. Hubo más de 24 mil acciones de control, tanto punitivas como de prevención, con destaque para las ocupaciones de productos de alta demanda entre alimentos, materiales de construcción, gases industriales, así como de medios de transporte. También se impusieron multas por contravenciones diversas.
Esos resultados llevaron a la dirección política y gubernamental aquí a efectuar un ejercicio parecido, pero a menor escala en los primeros días del 2025 y que, informaron, sacó a la luz otro número apreciable de transgresiones de la legislación vigente.
Por su parte, la Fiscalía Provincial puso sobre el tapete la dura realidad de que las verificaciones que realizó en meses recientes demostraron que, aun frente a manifiestas violaciones de las normas, se ve precisada a decirle al funcionariado estatal lo que debe hacer para que esas infracciones no se repitan.
“Las principales causas están en la falta de control interno y la pérdida de valores éticos y morales. ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? Porque esto abre brechas en el sistema de control interno, en los directivos, funcionarios y administrativos que luego favorecen a otros y eso es corrupción”, opinó Marbelis Almaguer Infante, contralora jefa en el territorio.
En este sentido, Yelenis Tornet Menéndez, gobernadora, alertó sobre la falta de control y de fiscalización de los recursos puestos a disposición de las entidades públicas. Algo que, enfatizó, le toca revertir, en primer lugar, a las estructuras estatales y del Gobierno encargadas, las que deben empezar por completar sus respectivas plantillas.
Es inconcebible que se multen a los mismos infractores de un ejercicio a otro, advirtió Walter Simón Noris, primer secretario del Partido en la provincia. Pero aclaró que “no podemos vivir a base de ejercicios”.
Frente a cada hecho delictivo del patrimonio público, indicó, hay que determinar la responsabilidad individual de los funcionarios y administradores. Todavía, fustigó, se es demasiado indulgente; no se está yendo a las causas. “La solución del problema no puede encontrarse sin la participación del pueblo o de los colectivos laborales”, resaltó.
Los discursos tienen que acabarse porque el pueblo sigue denunciando. El combate tiene que ser duro, sin blandenguerías, sentenció. Y concluyó: “La lucha contra las drogas, el control a quienes cumplen su sanción penal en libertad y el enfrentamiento a los precios abusivos deberán ser otras direcciones de trabajo adecuando los pasos a la realidad de cada sitio, teniendo presente el rol clave de los cuadros, que no pueden temerle al diálogo con sus subordinados”.