Las Tunas.- El reforzamiento de la lucha contra el delito, y en especial contra el consumo y tráfico de drogas ilícitas, es prioridad en esta provincia del oriente cubano. Así trascendió en el análisis que periódicamente hacen sobre el tema las autoridades políticas y del Gobierno, quienes realizan un llamado a la acción coordinada y efectiva de la sociedad frente a la complejidad del escenario.
Durante la evaluación reciente, se reveló que en la semana anterior se registraron más de 300 delitos en el territorio, destacándose las fechorías contra bienes públicos; un tercio de los incidentes ocurrieron en la capital provincial.
Uno de los aspectos más preocupantes es que más del 40 por ciento de estos delitos afectaron al ganado; predominaron los hurtos. Además, se ha observado una reiteración de felonías contra las entidades estatales, como los almacenes mayoristas del municipio de Colombia, y también en bodegas e inmuebles de la Empresa Cubana del Pan.
Walter Simón Noris, primer secretario del Partido en Las Tunas, criticó la falta de resultados concretos, a pesar de los exámenes realizados por las estructuras partidistas y del Gobierno sobre estos hechos. Exigió medidas más enérgicas contra los funcionarios públicos negligentes y subrayó que el delito no se detendrá por sí solo. "No basta con policías", afirmó, señalando, además, que la falta de acción oportuna multiplica los problemas.
En este sentido, se supo que la administradora de una bodega en el municipio de Manatí fue destituida por incumplir las medidas de protección, lo que facilitó un robo; mientras que funcionarios en demarcaciones administrativas análogas están bajo investigación por situaciones similares.
La gobernadora, Yelenis Tornet Menéndez, expresó su preocupación por la tibieza de las medidas punitivas y destacó la necesidad de reforzar la vigilancia no solo en los inmuebles, sino también en sus alrededores. Al calor del intercambio afloraron problemas de comunicación entre los directivos y sus respectivas bases, pues varios admitieron estar al margen de delitos cometidos contra los bienes bajo su responsabilidad.
Otro frente que genera la atención es la sustracción de cables eléctricos, lo que ha llevado a la Empresa Eléctrica a reforzar la protección de los circuitos más sensibles. Asimismo, se dio a conocer que se abrió un proceso administrativo contra un trabajador del Centro Psicopedagógico tunero por intentar sustraer medios del inmueble; otros están en proceso de indagación por afectar el grupo electrógeno del hospital pediátrico Mártires de Las Tunas. La gobernadora insistió en cómo la falta de seguimiento y control son factores que facilitan estas y otras fechorías similares ocurridas en lo que va de año.
En tal sentido, el Ministerio del Interior coincidió en que las actuales medidas de enfrentamiento no son suficientes y que cada organismo debe estructurar la protección de sus recursos.
Desde el Tribunal Provincial se garantizó la severidad en el tratamiento de estos delitos, respetando, aclararon, el debido proceso. Sin embargo, enfatizaron en la necesidad de realizar los análisis en los plazos establecidos y abordar las causas sociales que llevan a las personas a delinquir.
En cuanto al consumo y tráfico de drogas, los registros oficiales indican un incremento de los hechos relacionados con estas sustancias en el 2025 con respecto a similar lapso del 2024. Se observa, advirtieron los expertos, una diversificación de las sustancias empleadas y un alza en el consumo entre jóvenes desocupados.
Frente a esa realidad, las autoridades aquí ratificaron la política de tolerancia cero al consumo de drogas, tal cual lo demostró un reciente operativo. Para enfrentar este flagelo, informaron que se constituyó un subgrupo de trabajo integrado por más de una decena de organizaciones e instituciones, que funcionará de conjunto con la comisión de prevención. El enfoque de la labor de ese foro de coordinación abarcará no solo medidas punitivas, sino también acciones preventivas, como el fortalecimiento de las consultas de adicciones y campañas profilácticas en centros de trabajo, estudio y zonas con más alta incidencia de estas prácticas nocivas.
