Las Tunas.- “¡Ellos se gastan el dinero de mi calle!”, me espeta un amigo entrañable cada vez que discutimos de béisbol tras una de tantas derrotas de la selección nacional, y lo dice mientras mira el polvoriento sendero por el que corren las motorinas con su música a todo volumen. Cuando el debate se caldea siempre esgrime el mismo argumento: no entiende que se dedique tanto dinero a un deporte en el cual ya no ganamos como antes, cuando esa “plata” podría costear el asfalto que le dará más aspecto citadino a su barrio.
Es un ejemplo extremo y que seguramente avivaría las llamas de otra discusión, pero detengámonos en la inquietud que transparenta y que no debemos olvidar: la de preguntarnos qué hacen los gobiernos y las empresas públicas con sus capitales.
Hace poco asistimos al hecho inédito en su cobertura mediática, de la discusión en las diferentes asambleas municipales del Poder Popular de sus respectivos presupuestos para el actual año fiscal. Procesos análogos ocurren en entidades estatales dependientes o no de las asignaciones monetarias directas desde las arcas públicas. Puede, y de hecho lo es, que esto haya estado sucediendo desde hace ya bastante tiempo; sin embargo, probablemente la ciudadanía se esté “desayunando” con que algo así tenga lugar entre nosotros.
¿Por qué la opinión pública había permanecido ajena a ese acontecer? La respuesta no debería buscarse solo en la actitud de los medios públicos de comunicación al respecto. Búsquese sus antecedentes en los igual de recientes debates del presupuesto general del Estado durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, tanto uno como otro ejercicio de democracia aún están muy lejos del imaginario popular como para afirmar que estemos todo lo cerca que debiéramos del control popular de lo que es, literalmente, el dinero de todos.
Esa indiferencia ciudadana parte del hecho real de que no ha pasado demasiado tiempo desde que comenzáramos a interesarnos por el destino del mencionado caudal colectivo. Algo habría cambiado tras leyes tributarias más amplias que asomaron la cuestión a la agenda pública. Entonces descubrimos que hacía rato era el empresariado estatal, y no los cuentapropistas, la fuente de más del 70 por ciento de todos los fondos que nutren el presupuesto estatal. Proporción que, por cierto, no parece que vaya a cambiar radicalmente en el futuro, incluso, con la emergencia de las personas jurídicas privadas o cooperativas en las diferentes ramas de la economía y los servicios.
Además, tan cerca como en el 2021 fue que amplias porciones de la fuerza laboral cubana alcanzaron la categoría de “contribuyente”, hasta entonces privativa de cuentapropistas, cooperativistas o personas naturales que debían declarar ingresos no provenientes del salario. Eso pasó cuando se activó el articulado que dentro de la legislación cubana establecía el aporte de todos los trabajadores a la Seguridad Social y del impuesto sobre sus ingresos personales, haciendo la salvedad que este último sería para quienes tengan un salario superior a los tres mil 260 pesos mensuales.
Un cariz diferente tiene preguntarse qué pasa con los fondos en manos de las empresas estatales, toda vez que ahora pueden repartir sus ingresos con mucha más independencia. Hace poco escuché a un colectivo laboral considerar, quizás por primera vez, la posibilidad de que parte del capital por obtener en el 2022 se utilizara en la reparación o construcción de viviendas para sus propios trabajadores.
Es apenas un botón de muestra de las disyuntivas a las que se enfrentan los empresarios. Otra razón más para que ese momento de presentación y necesario debate del uso del presupuesto supere el formalismo y la ceremonia.
A escala de Gobierno, las prioridades están claras: uso eficiencia de los recursos financieros otorgados, la mayor sintonía posible con los planteamientos del soberano: el pueblo, apostar por financiar proyectos de desarrollo local que aseguren luego mayores ingresos y empleos dentro de comarca, y, no menos importante, la atención diferenciada a comunidades y familias en situación de vulnerabilidad.
No son propósitos sencillos porque, admitámoslo, no estamos acostumbrados a inquirir y mucho menos a saber qué se hace con las arcas públicas. Los decisores igualmente están adaptándose a la práctica de ser transparentes en ese sentido. No ayuda a esa aspiración lo incipientes que son los mecanismos para que la ciudadanía pueda saber qué ocurre con su dinero, sí, porque es suyo.
Recordando siempre que la corrupción se alimenta de la oscuridad y del secretismo también en el uso del dinero público, mucho podrían aportar en ese anhelo las herramientas del gobierno digital. Quizás esos procederes no sean toda la solución, de lo contrario naciones con mayores avances en esos campos la habrían eliminado, mas son parte de la solución. Especialmente, porque cada vez más tendremos una generación de dirigentes que deberán construir su liderazgo no por la fuerza de su historia, sino por la contundencia de sus actos cotidianos. La ciudadanía lo sabe y eso vale mucho en materia de legitimar y fortalecer nuestro sistema político y de gobierno.
